Piden ocho años de cárcel a una mujer por amañar una plaza para su hija
La Audiencia Provincial celebrará una vista previa el miércoles contra la madre y la joven

La Audiencia de Palma en una imagen de archivo / DM
La fiscalía reclama una condena de ocho años de prisión para una interina de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de la Autonomia Personal de les Illes Balears, un organismo de titularidad pública integrado en el sector público institucional del Govern, por presuntamente falsear documentación para que su hija se beneficiara de una plaza de empleo público.
El ministerio público acusa a la trabajadora de un delito continuado de falsedad de documento oficial en concurso con prevaricación y de otro delito de falsedad de documento oficial en concurso con malversación de caudales públicos. Además de los ocho años de cárcel, se enfrenta a penas de multa y diez años de inhabilitación.
Por su parte, su hija está acusada de un delito continuado de falsedad de documento oficial por el que el fiscal solicita cinco meses de prisión. Mientras, la Abogacía de la Comunidad Autónoma pide dos años para la joven y ocho años de cárcel para su madre. La Audiencia de Palma tiene previsto celebrar una vista previa contra ambas el próximo miércoles.
Según la versión de la fiscalía, la principal acusada empezó a trabajar en la Fundación a finales de 2017. Anteriormente, junto al que fue su marido, tenían una empresa a la que se adjudicó en 2008 la gestión del Casal de les Dones, dependiente del IBDona. Y en 2009 y 2010 a ella se le adjudicó la gestión del Casal de Asociaciones de Inmigrantes, dependiente de la conselleria de Asuntos Sociales del Govern.
En 2018, mientras ella trabajaba en la Fundación, se publicó una oferta de empleo público de una plaza de auxiliar administrativo. Según la acusación, la mujer no se abstuvo de formar parte de la comisión técnica de valoración cuando su hija se presentó al proceso selectivo. Además, le compulsó indebidamente la documentación y presuntamente falsificó tres certificados de tres cursos no realizados. Pese a ello, valoró esta formación que no era real y puso un cero a otros aspirantes para beneficiar a su hija. Por último, en 2020 hizo que se le incluyera en su nómina un trienio al que no tenía derecho y cobró 360 euros de forma indebida, según la fiscalía.
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