Uno de cada dos niños de Baleares en edad escolar, en riesgo de pobreza: «No celebro mi ‘cumple’: me da vergüenza que vean dónde vivo»

Un chaval de siete años que no quiso celebrar su cumpleaños porque le daba vergüenza que sus compañeros vieran dónde y cómo vivía. Una niña que en la primera Navidad tras el confinamiento se pidió de regalo una muñeca «y una ventana», porque su casa no tenía. Una madre que no podía darle buena comida a su hija porque el turno de uso de la cocina de su piso compartido le coincidía con su horario laboral. Un pequeño de cinco años que volvió a orinarse encima por la tensión familiar que suponía «la cuenta atrás» a desahucio.

Expertos, trabajadores sociales y responsables de entidades como Espiral o Provivienda aportaron ayer testimonios en este línea en unas jornadas organizadas por UNICEF en el Parlament en las que, con casos reales y con datos, mostraron cómo el drama del acceso a un techo impacta directamente en niños y adolescentes. La situación en Balears es especialmente alarmante y se vincula con una tasa de pobreza infantil por encima de la media estatal: en las islas uno de cada dos niños en edad escolar, casi 70.000 menores, está en riesgo de pobreza. Hasta 15.700 niños y adolescentes viven en hogares en situación de carencia material y social severa.

Más datos, aportados por Valentina Milano, presidenta del comité de Balears de UNICEF, reflejan la magnitud del problema en el archipiélago. Como que un 3,6% de los niños subsisten en asentamientos, chabolas e infraviviendas. O que el 8,4% de los hogares con hijos menores no siempre han podido pagar a tiempo la hipoteca o el alquiler el último año, cifra que llega al 22,6% en el caso de las monoparentales y el 24% de las numerosas, dos grupos muy afectados por este problema, según se remarcó ayer.

En este sentido, Marta González, de Provivienda, confirmó que muchas madres se encuentran con problemas para que les alquilen un piso (barreras que también se encuentran las personas inmigrantes, otro colectivo destacado ayer como especialmente vulnerable).

Para entender cómo es posible haber llegado a esta situación, Milano expuso más cifras, como que en Balears el precio de la vivienda ha aumentado un 68% en 15 años (frente a una subida del 52% de media nacional); que el índice de viviendas de protección es ínfimo (un 2,11% frente al 15% que hay en Navarra, por ejemplo) y que casi un tercio de las casas de las islas no funcionan como vivienda principal.

Y es que las dinámicas de mercado (turismo, gentrificación, especulación) suponen uno de los grandes factores que Gabriel González-Bueno, autor del informe de UNICEF La vivienda y los derechos de la infancia en España, implicaciones y desafíos, señaló ayer como causante de la situación actual: «El foco de las políticas de vivienda siempre ha sido más de mercado que de derechos y ahora vemos la consecuencias», indicó, lamentando entre otras cosas que se haya permitido que las escasas viviendas de protección social hechas pasen al mercado transcurridos una serie de años. González-Bueno también habló sobre la falta de mirada de infancia en las normativas y estrategias impulsadas así como de las carencias de financiación, especialmente en las administraciones locales.

El experto recordó que no poder vivir en una casa en condiciones impacta directamente sobre la salud física de los menores (si viven en entornos contaminados e insalubres están más expuestos a enfermedades crónicas, por ejemplo); en su salud mental (la ansiedad ante un desahucio, el estigma ante los compañeros de clase, la posibilidad de ser abusados si viven en pisos compartidos con otras familias...), y en su educación (ya que no disponer de un lugar para estudiar o los continuos cambios de lugar de residencia afectan a su rendimiento).

¿Qué hacer? En la jornada fueron saliendo muchas ideas que requieren un «consenso» y que habría que aplicar «ya» , insistió Xavier Torrens, desde Espiral.

Además de crear vivienda pública, se abogó por destinar ayudas a los colectivos más vulnerables, incluir el enfoque de infancia en los planes y normativas (como en la nueva ley balear de Vivienda), tratar de ampliar la oferta de alojamientos en alquiler o dar cobertura legal (con servicios de mediación) a las familias. Se pusieron muchas sobre la mesa y fue unánime el sentimiento de urgencia ya que la conclusión es que «se están vulnerando los derechos de los niños y jóvenes», situación que una sociedad como la nuestra no debería permitir.