Primera condena en Mallorca por coaccionar a unos okupas para que dejaran un piso

La Audiencia de Palma ha dictado una sentencia condenatoria contra el propietario de una oficina de desokupación y a dos de sus empleados, porque estuvieron acosando a una pareja que había entrado en una vivienda de forma ilegal y no quería abandonarla.

El tribunal se pronuncia sobre unos hechos que ocurrieron en el mes de octubre del año pasado en una barriada de Palma. Los dos okupas, tras el episodio de acoso que sufrieron acudieron al juzgado a presentar una denuncia, que culminó en un juicio por delito leve. La jueza de instrucción declaró probados los hechos y los calificó de un delito leve de coacciones y otro de amenazas. Se condenó al dueño de la empresa Desocupaciones Mallorca y a dos de sus empleados, que fueron los que participaron en el intento de recuperar la vivienda.

Por las amenazas ha sido declarado culpable un empleado de esta empresa, que tendrá que abonar una multa que suma 480 euros. Este mismo individuo, junto al dueño de la empresa de desokupación y de otro compañero del trabajo, también ha sido declarado culpable de un delito leve de coacciones en grado de tentativa, ya que no se consiguió la expulsión de los dos moradores. Por este delito leve se ha impuesto una sanción económica que suma 180 euros.

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El fenómeno de la okupación de viviendas también se ha extendido en Mallorca y a raíz de ello han aparecido empresas que se encargan de conseguir que los okupas abandonen el inmueble. Muchos propietarios recurren a estas empresas porque la solución es mucho más rápida que acudir al juzgado, ya que, debido a los problemas de retraso que sufre, se tarda muchos meses hasta que el juez ordena la salida de la vivienda de los moradores.

En este caso, el propietario de un piso, en el que entró de forma ilegal una pareja, que se negaba a marcharse, contrató los servicios de esta empresa. Desocupaciones Mallorca se publicita en internet y ofrece sus servicios a partir de un precio de casi 400 euros. La estrategia de estas empresas es intentar llegar a un acuerdo con los okupas. Después recurren a otros métodos para conseguir su objetivo.

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Según explica la sentencia judicial, el propietario de esta empresa y dos de sus empleados iniciaron una negociación con los dos okupas. Les intentaron convencer de que se marcharan y a cambio no se iniciaría ninguna actuación legal contra ellos. No era ni siquiera necesario que se marcharan de inmediato, sino que les daban un plazo de quince días para que se fueran. Los tres acusados llegaron a desplazarse hasta en tres ocasiones al piso para negociar esta oferta y, al mismo tiempo, estuvieron llamando por teléfono varias veces a los dos okupas.

Debido a que los dos moradores rechazaron la propuesta y se negaron a abandonar el piso, los desokupas cambiaron de estrategia para cumplir el encargo del propietario. Se presentaron en la vivienda y empezaron a golpear con fuerza y de forma insistente la puerta del inmueble, hasta que consiguieron que les abrieran. No entraron en el piso, pero sí lanzaron intimidaciones a los dos jóvenes, a los que dedicaron toda clase de insultos y les advirtieron de que tenían que irse de inmediato del piso para que el dueño pudiera recuperar la propiedad.

En este intento de intimidar a la pareja, uno de los empleados les dedicó una serie de advertencias a los dos jóvenes para «causarles desasosiego». Al varón le anunció que «te vamos a matar, te vamos a traer 20 gitanos de Son Banya para sacarte. Tu sabrás qué pasará con tu mujer cuando la sigamos fuera». Aunque en ningún momento llegaron a utilizar la violencia, los dos okupas se sintieron coaccionados ante la amenaza que les lanzaron estos individuos. Su reacción fue acudir a las autoridades para denunciar este episodio. La justicia les ha dado la razón a estos dos moradores y ha condenado al personal que se dedica a expulsar a estas personas que entran en una casa y se niegan a abandonarla. Los dos jóvenes siguen viviendo en este piso.