Los hoteleros cargan contra el Govern de Prohens por permitir el uso turístico de viviendas ilegales que se acojan a la amnistía urbanística

Las tres federaciones del archipiélago se unen contra “la enmienda a la incoherencia” que ha anunciado el PP en su decreto de simplificación administrativa para salvar la actividad del alquiler vacacional

Los empresarios defienden que se erradique el alquiler vacacional en pisos en el archipiélago para que "una inmensa bolsa" de viviendas plurifamiliares" vuelvan al mercado para los residentes

María Frontera, presidenta de la federación hotelera de Mallorca en una imagen de archivo.

María Frontera, presidenta de la federación hotelera de Mallorca en una imagen de archivo. / B.RAMON

Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

Las tres federaciones hoteleras de Baleares han hecho público este jueves un duro comunicado contra el Govern en el primer enfrentamiento de esta legislatura entre los empresarios y el Ejecutivo de Marga Prohens. Ante el anuncio del PP de que presentará una enmienda al decreto de simplificación administrativa, que incluye la amnistía urbanística, para que las casas que se legalicen y tengan licencia turística puedan seguir ejerciendo el alquiler vacacional, los hoteleros cargan contra la iniciativa. La tachan de “enmienda a la incoherencia” cuando se está abordando la saturación turística “en plena revisión de la capacidad de carga del territorio”.

Además, las patronales defienden que se erradique el alquiler vacacional en pisos en el archipiélago y que solo se ejerza en las viviendas unifamiliares aisladas, como en los inicios de las llamadas casas de vacaciones.

Precisamente, el miércoles el portavoz parlamentario popular, Sebastià Sagreras, hizo el anuncio que ha hecho estallar el conflicto entre el PP y los hoteleros. “Todas las federaciones hoteleras de Baleares, FEHM (Federación Empresarial Hotelera de Mallorca), ASHOME (Asociación Hotelera de Menorca) y FEHIF (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera), manifestamos nuestra absoluta disconformidad y preocupación con el planteamiento anunciado, sorprendentemente y a 48 horas de fin de plazo de presentación de enmiendas”, dicen en la nota de presa.

El primer enfrentamiento de esta legislatura entre los empresarios y el Ejecutivo Prohens estalla por el apoyo del PP al alquiler vacacional

 Para los hoteleros que el Govern apoye la posibilidad de habilitar el uso turístico en viviendas situadas en suelos rústicos tras su legalización extraordinaria es “contradictorio” con otras políticas que está impulsando para abordar la saturación turística o la emergencia habitacional, y citan el Pacto por la Sostenibilidad Política y Social de Baleares.

“Consideramos que no debería prosperar ninguna enmienda que perjudique a la sociedad en materia de vivienda vinculada al uso turístico y no residencial, en plena revisión de la capacidad de carga del territorio como exigen los planeamientos”, critican los hoteleros de todo el archipiélago.

La medida que impulsa el PP la ha bautizado como enmienda March por el alcalde socialista de Pollença, Martí March, por el apoyo del consistorio a que las viviendas que se legalicen y tengan licencia turística puedan conservarla.

"Bajo ningún concepto"

El contexto de extrema necesidad habitacional “no puede, bajo ningún concepto, verse agravado por medidas que abunden en priorizar el uso turístico en vivienda”, sostienen los hoteleros, y remarcan que son miles de ciudadanos los que sufren la escasez de vivienda y la gentrificación en los barrios por el aumento del alquiler vacacional en edificios plurifamilares.

Así pues, aluden a la moratoria turística vigente y las políticas de regulación que el Govern abandera a través del pacto contra la masificación turística cuyo objetivo es “frenar el crecimiento y la presión del mercado inmobiliario turístico sobre la oferta residencial”. “No comprendemos ni compartimos que se impulse una enmienda de una normativa que se concibió para ordenar construcciones en suelo rústico y permitir su legalización, en caso de cumplir determinados requisitos y siempre que cesara su uso turístico, tuviera o no licencia”, remarcan.

La enmienda March presentada por Sagreras en el Parlament “carece de coherencia con los objetivos y el discurso” del Govern Prohens cuando, por otro lado, está impulsando la mesa del Pacto por la Sostenibilidad por la vía del consenso para reducir la saturación turística y mejorar la convivencia, continúan las federaciones hoteleras. De ahí que tilden de “preocupante” que por otro lado el Ejecutivo impuse “una enmienda que sigue favoreciendo el uso turístico en viviendas” cuando sus licencias se iban a eliminar.

Rechazan que se permita que viviendas ilegales se conviertan "en regalos a particulares” cuando durante años "han disfrutado de beneficios económicos"

Los hoteleros baleares recuerdan que el objetivo del decreto ley es la simplificación de trámites administrativos y “no la reactivación o concesión de licencias turísticas”, con lo cual se “desvirtúa” el propósito de la norma. Consideran que con la enmienda March se agrava la dificultad del acceso a la vivienda, que ha sido una de las causas que han provocado las protestas ciudadanas contra el modelo turístico, subrayan. Reclaman a Prohens que tome “decisiones valientes” en materia de vivienda ante la tensión creada por la “inacción de gobiernos anteriores”.

Fuera alquiler en pisos

Las patronales defienden que se erradique el alquiler vacacional en pisos y que solo se ejerza en las viviendas unifamiliares aisladas. Así las cosas, citan la Ley 2/1984, de 12 de abril, la primera en la que se recoge en la normativa autonómica la figura de la vivienda de vacaciones. Se definía como: “Las unidades aisladas de apartamentos, bungalós, villas, chalés y similares que se ofrezcan en régimen de alquiler por motivos vacacionales o turísticos”. “Hasta 2017 siempre se reguló esta actividad dirigida a la vivienda unifamiliar aislada”, sostienen.

Si se erradica la actividad turística en los pisos “una inmensa bolsa de viviendas plurifamiliares volvería a estar en el mercado a disposición de residentes y recuperando la convivencia en los barrios”, defienden. Por tanto, exigen que no prospere la enmienda del PP en el trámite parlamentario del decreto de simplificación administrativa y no se permita que viviendas contrarias al ordenamiento urbanístico se conviertan en regalos a particulares” cuando “durante muchos años han disfrutado de beneficios económicos pese a su situación de ilegalidad”.  

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