El Consell de Catalina Cladera no ejecutó el cierre del agroturismo de Monjo
Pese a que desde marzo de 2023 hay sentencia del TSJB que confirma la cancelación de Sa Talaia Blanca, los socialistas no actuaron contra el alojamiento
Vista de Sa Talaia Blanca, el agroturismo vinculado al alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, en Muro, que tiene un acta de sanción en marcha. / Sa Talaia
El Consell de Mallorca con la socialista Catalina Cladera al frente no ejecutó el cierre del agroturismo ilegal vinculado al alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo. Desde marzo del año pasado hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) contra el recurso contencioso administrativo que interpuso la empresa que explota Sa Talaia Blanca en la que se confirma la resolución de cancelación de la actividad turística del alojamiento ubicado en Muro.
En medio de la polémica en torno a este caso en el que los partidos de la oposición denuncian trato de favor con el establecimiento que administra Margarita Monjo Pons, hija del alcalde margalidà, Cladera acusa al conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, de dejar operar todo el verano a un agroturismo ilegal con un expediente sancionador abierto». La portavoz del grupo socialista en el Consell reclama, en una nota de prensa, tener acceso a ese expediente y el resto de la documentación que citó el martes Rodríguez en su primera comparecencia pública para dar explicaciones sobre el caso Monjo.
Rodríguez brindó un relato cronológico sobre la situación de Sa Talaia Blanca, «un tema que tiene su historia. No deja de ser curioso que estemos cinco años después hablando de lo mismo», apostilló el popular. Acusó a los socialistas de «mirar a otro lado» porque en la pasada legislatura, con el PSOE llevando el departamento de Turismo en el Consell de Mallorca, «no hay inspecciones, nadie se interesa por el tema». El conseller consideró que «al menos» cuando accedió al cargo en el traspaso de funciones el PSOE debía haberle informado de este caso.
Proceso judicial
Como explicó el conseller, cuando el Govern —entonces aún con las competencias de ordenación turística de Mallorca, en manos de Més, con Bel Busquets al frente de la consellería de Innovación, Investigación y Turismo—, canceló la actividad a Sa Talaia Blanca, en marzo de 2019, la empresa interpuso un procedimiento contencioso-administrativo en contra del cese. Rodríguez dijo que la irregularidad que señaló el Govern fue que el agroturismo no disponía de la preceptiva declaración de explotación agraria prioritaria. El proceso judicial de Jujuy S. L., la empresa que administra la hija de Joan Monjo (hasta abril de 2019 era él el administrador), propietaria y comercializador de los diez apartamentos del agroturismo, finalizó el año pasado. La sentencia de marzo de 2023 es del TSJB, es decir, ya no caben más recursos por parte de la propiedad al tratarse de normativa autonómica.
Con esa resolución judicial del año pasado con sentencia confirmatoria de la resolución de cancelación de la actividad turística dictada en 2019 el Consell de Mallorca presidido por Cladera debería haber cerrado Sa Talaia Blanca.
Se lamenta «la falta de efectividad, la desidia por parte de la Administración»
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, el Consell tendría que haber pedido la ejecución de la sentencia. Se lamenta «la falta de efectividad, la desidia por parte de la Administración», también con los cambios de gobierno, dado que el año pasado hubo elecciones con la salida del Pacto de la institución insular y la llegada del PP con Llorenç Riera. También se apunta a que en estos casos de actividad turística ilegal cabría pedir un cierre cautelar hasta que se resuelva el procedimiento.
Sin embargo, aun con la apertura de un expediente sancionador por actividad ilegal en Sa Talaia Blanca desde el 9 de julio, Rodríguez descartó el martes solicitar un cierre cautelar del agroturismo, dejándolo en manos de lo que se determine en el procedimiento administrativo de sanción.
Tras las explicaciones del conseller, Catalina Cladera critica que «cómo puede ser que deje operar todo el verano a un agroturismo ilegal con un acta de inspección del mes de mayo y un expediente sancionador de julio». La portavoz socialista instó al presidente insular, Llorenç Galmés, a «actuar ya y cerrar el agroturismo». Cree que «tiene que dar ejemplo y mostrar que realmente lucha contra la oferta turística ilegal». Por su parte, Galmés descartó este miércoles hacer declaraciones sobre el caso Monjo tras la comparecencia del martes de su conseller de Turismo.
SA TALAIA BLANCA COBRA LA ECOTASA A SUS CLIENTES
En medio de las irregularidades que rodean a Sa Talaia Blanca llama la atención que el agroturismo de la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, cobra el impuesto de turismo sostenible (ITS) a sus clientes. La ecosata que recaudan los alojamientos turísticos y que liquidan en la conselleria de Hacienda. Así se comprueba al hacer una reserva en su web. Por ejemplo, por una reserva para dos personas para alojarse en el apartamento Teix del agroturismo de Muro, solo para adultos, siete días en octubre, a 140 euros la noche, se pagarían 1010,8 euros, de los que 30,8 euros corresponden al cobro de la ecotasa.
El establecimiento, según su web, oferta 22 plazas turísticas, mientras que en Booking figuran 30 plazas en diez apartamentos. Sin embargo, el establecimiento solo consta que hizo una reserva de plazas, y «pagó parte» en abril del año pasado», según explicó el conseller insular Marcial Rodríguez, sin especificar cuántas plazas se solicitaron. Aunque hay una moratoria de plazas en vigor, la empresa se acogió a una excepción de la ley al tener un procedimiento en marcha con la Administración. No obstante, en la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) que presentó la familia Monjo no consta el justificante del pago de las plazas. Rodríguez no aclaró cuántas plazas figuran en dicha declaración.
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