El alcalde de Santa Margalida gozó de trato de favor con el plazo para la declaración responsable de su agroturismo ilegal

A la ristra de irregularidades que rodean al agroturismo vinculado al alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, que se explota ilegalmente en Muro sin plazas turísticas y en unas instalaciones que han sido reformadas sin licencia urbanística, como ha adelantado Diario de Mallorca, se suma el trato de favor con el que ha contado por parte del Consell de Mallorca en cuanto al plazo concedido para subsanar las deficiencias de la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT). Por ley le corresponderían diez días, pero el departamento de Turismo que lidera el conseller Marcial Rodríguez le ha concedido al menos hasta la primera quincena de septiembre. 

Un lapso tan largo permite que Sa Talaia Blanca pueda estar a plena actividad esta temporada alta. El propio departamento de Turismo lo confirmó la semana pasada, cuando este diario preguntó acerca de la situación legal del establecimiento sobre el que se dictó una orden de clausura en 2019. Según se explicó fue en junio cuando los responsables del agroturismo presentaron la declaración responsable. La propiedad y comercializadora del establecimiento es Jujuy S. L., empresa en la que aparece como administradora única Margarita Monjo Pons, que relevó a su padre, Joan, en el cargo en 2019. El Govern, que en aquel momento era la autoridad competente en Turismo, denegó la declaración responsable al alcalde de Santa Margalida al constatar que no cumplía varios requisitos legales. Monjo había intentado legalizar unas obras sin licencia que ejecutó en el agroturismo a mediados del año 2017.

La laxitud que le permite el Consell a Sa Talaia Blanca se ajusta a la temporada alta

En la actualidad la situación irregular de Sa Talaia Blanca no ha mejorado. Al contrario, pues ya ni siquiera tiene plazas turísticas, como ha podido saber este diario, puesto que con la DRIAT no ha presentado el justificante de adquisición de plazas en el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT). Y en la comunidad autónoma hay una suspensión de plazas desde 2022, con la moratoria que aprobó el Govern de Francina Armengol. 

Con todo, el Consell aseguró a Diario de Mallorca que Sa Talaia Blanca «está en plazo de subsanación de deficiencias». Sin embargo ese plazo nada más serían diez días, según la ley de Procedimiento Administrativo. Ese es el periodo para «cualquier ciudadano» para presentar documentación en un caso similar, explican fuentes jurídicas. Mientras tanto, a la familia Monjo se le ha concedido al menos tres meses para aportar la documentación que le falta a su declaración responsable para el ejercicio de la actividad turística. 

Baile de plazas

Tampoco es posible concretar las fechas porque el departamento de Rodríguez dio una respuesta laxa. Lo que sí se certificó es que con la DRIAT presentada en el Consell puede ejercer su actividad, aunque sigue sin figurar en el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos por la documentación que tiene pendiente de completar. 

Es en ese registro donde aparecen las plazas turísticas que explota un alojamiento. Y esta es otra irregularidad de Sa Talaia Blanca. En Booking comercializa 30 plazas repartidas en diez apartamentos de diferentes tamaños (para 2,4 y 6 personas), que correspondería con las que funcionaba en 2019. Sin embargo, en su web el agroturismo se presenta con 22 plazas turísticas. Este es uno de los aspectos pendientes de aclarar por Turismo, que en principio había remitido a este lunes para dar respuesta sobre la situación del agroturismo vinculado a Monjo. Se ha de tener presente que la DRIAT es un documento público.

Sa Talaia Blanca tampoco cumple con la antigüedad que ha de tener al menos el 50 % de la superficie total construida. Debe ser anterior al 1 de enero de 1960 de acuerdo con el Decreto 39/2015 que fija los principios generales de las actividades agroturísticas en explotaciones agrarias.

Los hoteleros de Mallorca piden que se aplique la ley, como en el caso de Jaume Porsell

A la retahíla de irregularidades del establecimiento de la familia Monjo se añade la de la reforma integral de las instalaciones, llevada a cabo sin licencia urbanística. Ante la solicitud de Jujuy para su legalización, el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Muro emitió un informe desfavorable. En ese documento, de marzo del año pasado, ya se advierte que no se puede ejercer la actividad agroturística en edificaciones fuera de ordenación. En Sa Talaia Blanca se pretendían legalizar obras en varios de los apartamentos, el cambio de uso de un trastero a apartamento, la construcción de un almacén o de varias pérgolas, entre otras actuaciones. 

Hasta 400.000 euros de multa

Se sigue a la espera de que haya un pronunciamiento por parte del presidente del Consell, Llorenç Galmés, o de su conseller Rodríguez sobre el caso. La oposición reclama explicaciones ante un supuesto trato de favor, como muestra el hecho de que ha habido reuniones entre Monjo y Turismo, al menos con la directora de Ordenación Turística, Clara del Moral. O que en mayo se puso en marcha una campaña de inspecciones en agroturismos de baja para verificar que no se están comercializando y justo tres semanas después el de Monjo presentó la solicitud de DRIAT. 

Consultados sobre el tema, los hoteleros replican lo que declararon ante el agroturismo ilegal del ex alto cargo del Govern Jaume Porsell. La Federación Hotelera considera que «con la máxima diligencia» se deben hacer «todas las comprobaciones oportunas para acreditar fehacientemente el estatus del establecimiento». Y si hay irregularidades pide que se aplique la legislación.

Según la ley de Turismo, mentir en los datos una DRIAT o en su comunicación previa es una infracción muy grave que se sanciona con multa de 40.001 a 400.000 euros. Además de que puede conllevar la suspensión de la actividad o la clausura del establecimiento.

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