El exdirector de la Oficina Anticorrupción le gana la batalla a la Agencia Tributaria

Jaime Far, el primer director de la Oficina Anticorrupción que se creó en Balears, ha tenido que acudir a los tribunales para que el Estado le reconozca su condición de alto cargo. Ha demandado a la Agencia Tributaria Estatal para que se le reconozca su derecho a percibir un plus económico, que fue rechazado por la Administración. Sin embargo, los tribunales le han dado la razón al exjefe de la oficina Anticorrupción.

Jaime Far es funcionario del Estado. Por oposición consiguió una plaza de inspector de Hacienda y durante su etapa laboral fue nombrado jefe del departamento de recaudación de la Agencia Tributaria de Balears.

 En el año 2016 solicitó una comisión de servicios al ser nombrado director de la oficina municipal de tributos del Ayuntamiento de Calvià. Dos años más tarde sería elegido como el responsable de la denominada Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares, aprobada por el Parlament. Esta labor la desempeñó desde el año 2018 a 2021 cuando dimitió de su cargo y solicitó su reingreso en la institución tributaria. La Oficna Anticorrupción ya no existe, ya que fue desmontada por el actual Govern balear.

Los enfrentamientos con el Govern acaban con la dimisión de Jaume Far de director de la Oficina Anticorrupción

Al solicitar su reingreso en la administración estatal, Far reclamó su derecho a que se le reconociera el complemento de alto cargo, lo que suponía un aumento económica en su nómina. 

Ante esta propuesta, fue el director adjunto del área de recursos humanos de la Agencia Tributaria el que denegó ese reconocimiento. Lo justificó señalando que entre los altos cargos de la administración autonómica no incluía la figura de director de la oficina contra la Corrupción. Y bajo este argumento la institución estatal decidió no reconocer este derecho que reclamaba el inspector de Hacienda. 

Frente a esta respuesta de la propia administración, Jaime Far decidió reclamar sus derechos a través de la presentación de una demanda contra la Agencia Tributaria. 

La sentencia detalla que la normativa para reconocer este derecho laboral obliga a que el funcionario haya ejercido un alto cargo, en este caso al margen de Hacienda, durante dos años seguidos o tres alternativos. Pero esta normativa nacional no plantea que este cargo profesional se haya desarrollado en una administración autonómica.

El tribunal le ha dado la razón a Jaime Far, por cuanto realiza una interpretación sobre un artículo de la ley que establece los requisitos para que se le reconozca esta condición de alto cargo. Una ley que, por cierto, ha sufrido varias ampliaciones. Los jueces interpretan que el puesto laboral de máxima responsabilidad en la Oficina Anticorrupción debe equipararse a la de alto cargo, por lo tanto una vez que se reincorpora a su destino como funcionario del Estado, en este caso en la Agencia Tributaria, se le debe reconocer la condición de alto cargo. 

Esta sentencia, en la que se le impone las costas a Hacienda, es recurrible ante el Tribunal Supremo.

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