La saturación de la Seguridad Social deja en la pobreza a cientos de baleares

Hay personas que durante periodos de seis a ocho meses se ven obligadas a vivir en situación de pobreza, y la culpa la tiene la Administración del Estado. Esta denuncia de los sindicatos se explica por la saturación que se está viviendo en la Delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de las islas, provocada por la grave escasez de personal que se padece. El problema afecta, por señalar algunos ejemplos, a la obtención del Ingreso Mínimo Vital o al cobro de la prestación por una incapacidad permanente total.

Los sindicatos auguran el «colapso» de la Administración estatal en las islas

Los portavoces de UGT y de CCOO en la Administración estatal de Balears, Fernando Martorell y Montse Pascual respectivamente, subrayan que la falta de personal que el INSS padece en el archipiélago está entre las más graves del país. Aunque apuntan que existe un problema de escasez de funcionarios dependientes del Estado en toda España, se pone de relieve que la plantilla del archipiélago es un 20% inferior a la de la media nacional, con el agravante de que la población balear no ha dejado de crecer durante los últimos años. Menos gente atendiendo, sumado a más ciudadanos con necesidad de ser atendidos, da como resultado el colapso que se está viviendo, según se lamenta. Las esperas en muchos trámites que se realizan ante ese organismo se están moviendo entre los seis y los ocho meses.

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Esperar sin cobrar

Ese periodo resulta extenuante para muchas personas cuya situación económica dependen del reconocimiento de alguna prestación o ayuda, como en el caso del Ingreso Mínimo Vital, según se lamenta desde estas organizaciones sindicales. Esta aportación económica está diseñada precisamente para prevenir los casos de pobreza y de exclusión social, con una inyección de 604 euros mensuales en el caso de un adulto solo. Aunque se abona con carácter retroactivo, el hecho de tener que esperar más de medio año para conseguirla supone un clarísimo perjuicio para alguien que necesita con urgencia ese dinero.

Uno de los impactos más graves se registran en las incapacidades permanentes totales, que suponen reconocer a un trabajador que no puede seguir en su anterior empleo por alguna enfermedad o daños por algún accidente, pero sí desarrollar otro diferente. Eso le va a permitir cobrar una pensión.

Una vez transcurridos 18 meses en una situación de incapacidad temporal el afectado puede solicitar una invalidez permanente total y, en el caso de que se deniegue, recurrir esa decisión.

El problema radica en que la espera que se genera hasta que se resuelve ese recurso es tan pronunciada que se dan casos en los que la empresa reclama al empleado que se reincorpore a su puesto al no haber obtenido el citado reconocimiento, pese a no estar en condiciones para desempeñar su antiguo empleo.

Eso está haciendo que una persona que dispone de los informes médicos necesarios para demostrar que no está en condiciones de trabajar, y que termina ganando esa reclamación, se encuentra durante muchos meses obligado a seguir en su empresa hasta que logra el reconocimiento de esa incapacidad permanente, con el sufrimiento que eso puede generarle.

Otra situación habitual, según los sindicatos, es que una vez conseguida la incapacidad permanente total, una persona mayor de 55 años cobra una prestación equivalente al 75% de su base reguladora. Pero si consigue un empleo temporal diferente al que no puede desarrollar, esa ayuda baja hasta el 55% de la citada base reguladora mientras tiene ese trabajo. Una vez agotado ese contrato, tiene derecho a pedir cobrar de nuevo el 75%, pero va a tardar unos ocho meses para que se le tramite esa reclamación, obligándole a seguir durante ese tiempo a recibir una ayuda inferior a la que realmente le corresponde.

Dependencia de las ayudas

Aunque la diferencia puede limitarse a unos 100 o 200 euros mensuales, se subraya la importancia que ese importe tiene cuando se perciben ayudas tan limitadas.

Lo mismo sucede con los hombres jubilados con derecho a recibir el complemento por maternidad junto a su pensión, una vez que equiparó su situación con la de las mujeres, y que tardan más de seis meses en obtenerlo.

Los secretarios generales de las federaciones de Servicios Públicos de UGT y de CCOO, Miguel Angel Romero y Josep Ginard respectivamente, lamentan que hace ya mucho tiempo que vienen advirtiendo a los diferentes partidos políticos del problema de la escasez de personal en la Administración estatal del archipiélagos y de que además éste se va a ver agravado por el elevado número de jubilaciones de funcionarios que se va a producir durante los próximos años.

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