Al azar

Jueces con el teléfono de los acusados

Archivo - El ex consejero Francisco Vallejo, a la salida del juicio del caso ERE en la Audiciencia Provincial a 19 de noviembre del 2019.

Archivo - El ex consejero Francisco Vallejo, a la salida del juicio del caso ERE en la Audiciencia Provincial a 19 de noviembre del 2019. / María José López - Europa Press - Archivo

Matías Vallés

Matías Vallés

Mi estupor, ante la absolución masiva en el Tribunal Constitucional de los dirigentes socialistas condenados por la Audiencia de Sevilla y el Supremo, no llegará nunca a la denuncia de partidismo judicial formulada por el PP. Solo planteo desde la inocencia cuántos magistrados del sumo intérprete de la Constitución tienen los teléfonos privados de los antes culpables y ahora inmaculados. No hablaremos de cenas, viajes o incluso navegaciones compartidas, solo de nueve números al alcance del teclado.

El ritual de canonización de los anteayer condenados por los EREs andaluces también muestra alguna disfunción. Se contempla a políticos absolutamente desconocidos salvo en su ámbito andaluz, que abandonan la prisión tras meses de suplicio. En cambio, una primera figura de la trama como el expresidente andaluz y exministro Griñán (seis años) nunca ingresó en presidio, por razones sobradamente fundadas aunque también coincidentes con el escalafón.

No puedo pedir perdón a quienes nunca he acusado, pero el citado, Chaves o Magdalena Álvarez han causado un daño incalculable a la izquierda bajo la que se refugiaron, y pueden ingresar con Francisco Camps en el pelotón de los rehabilitados tardíos, el Nuevo Frente Popular. Por supuesto, los condenados nada sospechosos de que un magistrado del Constitucional disponga de sus teléfonos tampoco recibirán jamás el perdón ni siquiera la revisión de sus sentencias.

Todo lo cual sorprende a la fiscalía estatal atareadísima en la defensa de una sola ciudadana, Begoña Gómez, de comportamiento insólito en una esposa de primer ministro al margen del alcance penal de sus caprichos. El tiempo que los fiscales invierten en salvaguardar a la residente en La Moncloa, se detrae de la protección de otros falsos acusados. Sobre todo, se elimina de la persecución de los verdaderos culpables. Salvo que el ministerio público ande sobrado de medios materiales y humanos, de lo cual solo cabría congratularse.