Pobreza en Mallorca

El pleno empleo balear no logra reducir la demanda de ayudas sociales básicas

El 50% de las solicitudes de auxilio recibidas por Cruz Roja durante el segundo trimestre del año han sido para obtener alimentos, poder hacer frente al alquiler o pagar los suministros de la vivienda

Cruz Roja destaca que la demanda de ayuda de la población vulnerable no se está reduciendo.

Cruz Roja destaca que la demanda de ayuda de la población vulnerable no se está reduciendo. / Cruz Roja

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Balears cerró el pasado mes de junio con la cifra de personas ocupadas más alta de su historia y con una situación de pleno empleo, y sin embargo eso no ha servido para rebajar las bolsas de pobreza y la demanda de ayudas tan básicas como las vinculada a la alimentación o la vivienda.

Durante el segundo trimestre de este año Cruz Roja ha atendido medio millar de solicitudes de auxilio por parte de colectivos vulnerables en Palma (este municipio concentra en torno a un 75% de las peticiones que se reciben en Mallorca), sin que el impulso que la economía y el mercado laboral de las islas está teniendo haya ido acompañado de una reducción en esta demanda, según destaca la coordinadora autonómica de esta organización, Ana Espinosa.

Con un matiz, y es que aunque esas peticiones no consiguen reducirse y se mantienen en niveles muy similares a las que se registraban en 2023, son un 65% superiores a las que se recibían en 2019, antes de que los precios se dispararan.

Necesidades básicas

Ana Espinosa destaca que de estas 500 reclamaciones de ayuda atendidas por Cruz Roja en Palma (con diferencia el municipio con mayor demanda, seguido por Manacor e Inca), el 50% corresponden a lo que se podría calificar como necesidades más básicas, es decir, alimentos, suministros de la vivienda (como la factura de electricidad) y gastos de alquiler, con el problema de que este organismo no cuenta con un programa específico para poder asumir ese coste del alojamiento, lo que obliga a derivar a estas personas hacía los servicios sociales públicos.

Ana Espinosa, coordinadora autonómica de Cruz Roja

Ana Espinosa, coordinadora autonómica de Cruz Roja / GUILLEM BOSCH

A este grupo hay que sumar en torno a un 20% de solicitudes en busca de un empleo, y un 10% que reclaman formación, lo que en muchos casos facilita que tras dos años de empadronamiento se pueda pedir el arraigo.

Perfil del demandante

Por lo que respecta a los demandantes de estas ayudas, el 65% son mujeres, con una edad mayoritaria que se mueve entre los 30 y los 40 años. Respecto a la nacionalidad de los demandantes de auxilio, la más numerosa es la colombiana, seguida de la española, con la venezolana en tercer lugar.

Un aspecto a tener en cuenta es que Cruz Roja no entrega alimentos, sino vales para que los beneficiarios de su ayuda puedan adquirirlos en los comercios de alimentación y elegir los productos que necesitan.

En cuanto al estado personal de esos solicitantes, lo más común es que se trate de migrantes en una situación administrativa irregular, lo que bloquea su acceso a empleos normalizados, con la precariedad e inestabilidad que ello conlleva, ni tampoco a las posteriores ayudas en caso de desempleo dado que no han cotizado. Tampoco pueden acceder a los servicios sociales normalizados.

Y además la capacidad de ahorro de muchas familias es muy limitada para poder hacer frente a los periodos de inactividad. Sobre este punto, hay que tener en cuenta que los migrantes no suelen contar con una red de apoyo social, sea familia o amigos, en la que poder sostenerse ante este tipo de situaciones, lo que los aboca a recurrir a organizaciones como Cruz Roja o Cáritas.

El problema de los papeles

Un aspecto que es clave es la situación de irregularidad administrativa, es decir, estar ‘sin papeles’. Porque las personas que han regularizado su situación y que se incorporan al área de empleo de Cruz Roja, en un 68% de los casos consiguen un puesto de trabajo.

Es más, la mitad de los que acceder a programas de formación con practicas en empresas se quedan trabajando en ellas.

Eso implica que la falta de papeles es un elemento clave de la precariedad al bloquear el acceso a un empleo normalizado, y eso en una comunidad en la que sus empresarios se quejan de escasez de mano de obra

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