¿Cuánto cuesta legalizar una construcción en rústico? Regularizar una casa de 200 metros puede costar entre 25.000 y 45.000 euros

«La gente tiene prisa porque los plazos empezaron a contar en la isla el 20 de junio», asegura la arquitecta Aina Roig

Fotografía aérea de fincas rústicas en el centro de Mallorca.

Fotografía aérea de fincas rústicas en el centro de Mallorca. / B. P.

B. Palau

B. Palau

El coste de legalizar una vivienda de unos 200 metros cuadrados podría oscilar entre 25.000 y 45.000 euros, según las estimaciones iniciales de los expertos a raíz de la amnistía urbanística del Govern balear.  A ello, habría que añadir las medidas de carácter ambiental que supongan una reducción de la contaminación lumínica y un incremento de la eficiencia energética o hídrica de la edificación, sobre las cuales aún tienen que pronunciarse los ayuntamientos.

El abogado y consultor inmobiliario Julià Sansó indica que la preocupación principal de sus clientes «es el coste que les va a suponer legalizar su casa. No solo hay que pagar una sanción, sino el proyecto del arquitecto, las tasas, es decir, hay que pagar como si hicieras la obra legal desde el principio». «He tenido muchas consultas, sobre todo por casetas agrícolas que se reformaron hace más de ocho años en el Pla i el Llevant de la isla», detalla Sansó.

«La gente tiene prisa porque los plazos han comenzado ya a contar; en Mallorca, desde el 20 de junio», apunta la arquitecta Aina Roig. Así, durante el primer año, la sanción que hay que pagar en el Ayuntamiento es del 10% del valor de la edificación hoy en día; mientras, en el segundo año la sanción es del 12,5% y en el tercero, del 15%. Por ello, a medida que pasan los años, el coste es más elevado y esto explica las prisas de algunos.

Sansó añade que el actual procedimiento de legalización ha previsto para las personas físicas una rebaja en el pago de la sanción en función de su renta. Así, se aplicaría una rebaja del 50% cuando se trate de contribuyentes cuya renta no rebase los 33.000 euros de media en los cuatro últimos ejercicios fiscales o del 25% para contribuyentes que no superen los 52.800 euros .

Si se compara la actual amnistía de Prohens con la antigua legalización de Biel Company, la anterior norma era más dura. La ‘ley Company’ preveía una sanción del 15% el primer año; el 20%, el segundo año y el 25%, el tercero. Por tanto, los porcentajes eran superiores a los actuales. Además, con la legalización de Company no había posibilidad de rebaja en función de la renta.

Pocos mallorquines pudieron acogerse a la 'ley Company'

Sansó recuerda que cuando empezó la ‘ley Company’ estábamos en plena crisis económica en el país y, por ello, fueron pocos los mallorquines que se pudieron beneficiar. «Sobre todo se pudieron acoger extranjeros», rememora. En cambio, ahora, el momento es más propicio.

La arquitecta Aina Roig destaca que la principal ventaja de la amnistía es que mucha gente podrá legalizar su casa, mientras que el contra es que a nivel técnico tienes que legalizar algo que no lo has podido controlar desde el principio, lo que implica ciertos riesgos. “Nosotros revisamos, pero hay cosas que son vicios ocultos que no puedes percibir. Tienes que hacer una inspección exhaustiva sobre todo de la estructura”, detalla la profesional.

Por último, Roig recalca que sería muy importante que hubiera una unificación de criterios, es decir, que se alcanzara un consenso con los técnicos municipales de las islas “para no encontrarnos con criterios distintos según el municipio y que tampoco haya diferentes interpretaciones de la ley”.

La abogada Neus Fontrodona, del despacho Zaforteza, coincide en este aspecto: “Sería deseable que durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, se aclarasen y concretasen algunos aspectos de la redacción de la Disposición Adicional Séptima, que regula el procedimiento de legalización extraordinaria, que faciliten su aplicación por parte de los diferentes operadores jurídicos y eviten interpretaciones dispares en cada municipio o juzgado, que podrían alejarse de los objetivos pretendidos por el legislador”.

Fontrodona, que reconoce que han tenido bastantes consultas en el despacho con una casuística muy variada como por ejemplo por viviendas en suelo rústico que se ampliaron y reformaron sin licencia y también por casos de cambios de uso realizados sin licencia, indica que el aspecto más favorable de esta amnistía es la posibilidad de que, en determinados casos, construcciones tradicionales en las que se hicieron obras ilegales de rehabilitación como la reconstrucción de un tejado derrumbado o cambio de uso como sería la reconversión de una edificación agrícola en desuso en vivienda, se puedan legalizar y, en consecuencia, puedan volver a solicitar licencias que permitan mantenerlas en condiciones adecuadas de higiene y habitabilidad.

El letrado Víctor Soriano hace hincapié en los beneficios fiscales que repercutirán en la comunidad autónoma de Balears mediante el pago de tasas e impuestos. “Todo esto revertirá en la economía de Balears”, concluye el abogado.