El Govern prevé entrar en déficit en 2025 y 2026 pero baja los impuestos

Las previsiones negativas del Ejecutivo son recogidas por la AIReF

Dependencias de la Agencia Tributaria de las islas

Dependencias de la Agencia Tributaria de las islas / B.RAMON

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Las previsiones «a medio plazo» facilitadas por el Govern balear al ministerio de Hacienda y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) «consideran una senda más pesimista previendo un déficit de una décima de PIB en 2025 y de medio punto a partir de 2026», según consta en el informe que este último organismo elabora en relación a la situación de Balears.

Este hecho hace que el portavoz del PSIB en materias económicas, Llorenç Pou, sea especialmente crítico con la política impulsada por el Ejecutivo de Marga Prohens de rebajar tributos, y muy especialmente con el hecho de haberlo hecho con los de carácter progresivo (en los que paga más el que más tiene), como son el de Sucesiones, Patrimonio y el de la Renta (IRPF).

Reglas fiscales

Pou recuerda que vuelven a estar vigentes las reglas fiscales que obligan a no caer en el déficit público, lo que implica que el Ejecutivo se va a ver obligado a reducir su presupuesto durante los próximos años para evitar esta situación.

Llorenç Pou, del PSIB

Llorenç Pou, del PSIB / DM

Eso supone, según el socialista, que para beneficiar de forma especial a una minoría de elevadas rentas se van a deteriorar los servicios públicos que reciben todo los ciudadanos.

Impacto en las cuentas

Llorenç Pou pone un ejemplo: el déficit del 0,5% del PIB que el propio Govern prevé para 2026, según los datos que ha remitido a la AIReF, equivale a 200 millones de euros (40 millones en 2025 por el 0,1% pronosticado para ese ejercicio), con lo que «se podría pagar la gratuidad del transporte público durante cuatro legislaturas».

El diputado socialista añade que, según las estimaciones de su partido, las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo del PP van a tener un coste mínimo de 700 millones de euros, una cantidad que permitiría ‘tapar los agujeros’ que se vaticinan por el propio Govern en las cuentas de la Comunitat Autònoma.

Suscríbete para seguir leyendo