Impuestos

Abogados de Mallorca acusan a Hacienda de castigar las inversiones para mejorar viviendas

Las considera como «meras reparaciones» aunque el coste de las obras alcance entre un 50% y un 100% del valor del inmueble para evitar reducciones fiscales

Hacienda opta por calificar las obras de la forma que obligue a pagar más impuestos.

Hacienda opta por calificar las obras de la forma que obligue a pagar más impuestos. / B.RAMON

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

La Hacienda estatal está penalizando las inversiones que los propietarios de los inmuebles realizan para mejorar y rehabilitar esas propiedades, según se denuncia desde el despacho mallorquín DMS Legal, pero además incurriendo en claras contradicciones a la hora de exigir el pago de impuestos dependiendo de las diferentes situaciones expuestas por el contribuyente, según pone de relieve el abogado Alejandro del Campo Jiménez. Dado que hay numerosos casos de este tipo que se están registrando en Balears, desde este bufete se han recurrido algunos de ellos ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Del Campo señala que es habitual que una persona adquiera un inmueble y realice en los meses o años siguientes importantes inversiones en el mismo, ya sea para afrontar su rehabilitación o porque se quiere desarrollar una mejora integral del mismo. En este aspecto, se señala que hay casos en los que esa inversión supone el 50% o incluso el 100% del precio que se pagó por esa propiedad.

El problema surge cuando este inmueble se pone a la venta. Para determinar la ganancia de patrimonio que se ha producido, lo que el contribuyente suele hacer es descontar del precio que se ha cobrado por la transmisión de la vivienda lo que en su momento pagó por ella más los gastos en los que incurrió cuando realizó la citada reforma.

Pero la Hacienda estatal está rechazando que ese segundo gasto sea una inversión para la mejora y está optando por considerarlo como «meras obras de reparación y conservación», evitando que se puedan restar del precio de venta, y considerar así que el beneficio obtenido ha sido superior.

La estrategia que está empleando la Agencia Tributaria es comprobar las facturas de la citada reforma, pero de forma individualizada, y sin tener en cuenta el montante total del gasto realizado, que es el que refleja que se está ante una inversión de mejora, y no ante una simple reparación o conservación.

Alejandro del Campo Jiménez

Alejandro del Campo Jiménez / DMS

Un caso de Mallorca

Un ejemplo de estas situaciones es el caso que se encuentra actualmente ante la Audiencia Nacional. Una persona no residente compró una casa en Mallorca en 2014 por la que pagó un 1.145.000 euros, incluidos los impuestos y gastos de registro, notaría y gestoría. A lo largo de 2015 y 2016 invirtió para reformar y mejorar el inmueble 450.000 euros. A finales de 2018 lo vendió por 1.690.000. En su declaración ante Hacienda (modelo 210) esgrimió una ganancia de 95.000 euros, resultando una cuota de 18.050 euros por Impuesto Renta No Residentes (19%). Dado que previamente se le habían retenido el 3% del valor de la venta, el resultado era una cuota a devolver de 32.650 euros.

Sin embargo, desde la Oficina Nacional de Gestión Tributaria se le denegó esa devolución e incluso se le reclamó el pago de unos 53.000 euros, alegando que no había aportado pruebas suficientes para justificar los gastos de mejora, por lo que se consideró que la plusvalía conseguida era superior.

«Reparaciones» de 450.000 €

El contribuyente presentó un recurso y se adjuntaron todas las facturas de las obras realizadas, junto al informe de un arquitecto sobre los trabajos desarrollados. Pese a ello, Hacienda insistió en que habían sido «meras reparaciones», pese a que el coste de las obras desarrolladas se acercó en este caso al 50% de lo pagado por la vivienda.

En un recurso posterior ante el TEAC, este organismo llegó a alegar que aunque se mejoraron los baños, su número no aumento, por lo que se insistió en que «se trata de meros gastos de conservación y reparación», argumento que se repite al subrayar que solo «se procedió a la remodelación de la cocina ya existente», cuando resulta evidente que en una casa solo suele haber una. Sin embargo, ese tribunal económico administrativo, según pone de relieve el abogado de DMS Legal, «no menciona en ningún momento el conjunto de las obras realizadas ni el importe total invertido», lo que reflejaría que se trata de una mejora del inmueble, sino que opta por analizan por separado cada una de las facturas.

Según se señala, este tipo de situaciones no son excepcionales a la hora de vender una residencia sobre la que se han hecho importantes inversiones para su mejora.

Así, este despacho legal también lleva el caso de un matrimonio que compró una casa por 1,3 millones de euros, hizo reformas por valor de 970.000, y al venderla se encontró con un problema similar con el Fisco, desde el que se alegó que las los trabajos realizados «no suponen obras que redunden en un aumento de la capacidad o habitabilidad del inmueble, ni en un alargamiento de su vida útil, y tampoco se trata de obras destinadas a modificar la estructura del inmueble o aumentar la superficie del mismo».

Criterios contradictorios

Alejandro del Campo Jiménez subraya que lo expuesto se agrava porque hay muchas situaciones en las que Hacienda está usando el criterio opuesto, con casos en los que se han realizado reparaciones sobre una vivienda para ponerla en alquiler, y cuando estos gastos se intentan reducir del beneficio conseguido con la renta cobrada al inquilino, Hacienda se ha negado a aceptar ese recorte. El argumento empleado es que era una inversión que generaba un aumento del valor de la vivienda, que como mucho se podría descontar un 3% cada año en concepto de amortización, y que ese desembolso ya se tendría en cuenta a la hora de calcular la ganancia el día que se vendiera el inmueble. Hay sentencias que respaldan esta última teoría, pero que entran en clara contradicción con la postura que Hacienda mantiene con los dos ejemplos antes señalados.

Según este abogado, la Agencia Tributaria española está «interpretando de una forma u otra las obras que las personas ejecutan en sus inmuebles según le convenga», incurriendo en «manifiestas contradicciones». Además, subraya la «pobreza de los argumentos que están siendo utilizados», de ahí el convencimiento de que se puede «poner fin a estas injusticias».

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