Los sindicatos auguran el «colapso» de la Administración estatal en las islas

Afirman de que el ‘boom’ de jubilaciones que se va a registrar durante los próximos años hace imposible su relevo

Se advierte que la población no está preparada para la tramitación digital

Instalaciones de la Administración del Estado en Palma

Instalaciones de la Administración del Estado en Palma / DM

Redacción

La Administración del Estado en Balears está abocada al «colapso» debido a que la plantilla actual ya es insuficiente y a que el ‘boom’ de jubilaciones de funcionarios que se esperan durante los próximos años va a ser de tal intensidad que va a hacer imposible su relevo, según se señala desde UGT y CCOO. A ello hay que sumar que las personas que llegan de la península a los dos años reclaman mayoritariamente el traslado a otras comunidades ante la dificultad para hacer frente a los alquileres de las islas y a su coste de la vida. El ejemplo se está viendo estos días con las demoras que se producen en Tráfico para poder examinarse del carné de conducir, según se viene denunciando desde las autoescuelas.

Los secretarios generales de las federaciones de servicios públicos de estas dos organizaciones, Miguel Angel Romero y Josep Ginard respectivamente, coinciden plenamente en el análisis de la situación. La Administración estatal en el archipiélago padece ya un grave déficit de personal, que se considera especialmente grave en áreas como Extranjería, Tráfico y durante el invierno en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero que en mayor o menor medida alcanza a todos los departamentos, desde Seguridad Social a Administración de Justicia, pasando por los Cuerpos de Seguridad e incluso la Agencia Tributaria.

Edad de los funcionarios

El problema es que la edad media de los funcionarios de la Administración del Estado supera ya los 55 años, y ahora hay un grupo muy importante que estn llegando a la edad de jubilación, coincidiendo con los nacidos durante el ‘baby boom’ de los años 60.

Miguel Angel Romero, de UGT

Miguel Angel Romero, de UGT / DM

Estas bajas van a alcanzar su punto álgido a lo largo de los próximos diez años, y ya se advierte que los próximos cinco van a ser «terribles» por las carencias que se pueden registrar a la hora de atender a los ciudadanos. Con el agravante, según subraya Romero, de que los sindicatos llevan años advirtiendo de que se iba a llegar a la citada situación.

Ginard añade que además la estrategia que se ha seguido para afrontar este problema ha sido errónea. Al respecto, destaca que ante la falta de personal, se ha querido impulsar la Administración telemática, pero de una forma demasiado apresurada y con claras deficiencias, con amplios segmentos de la población que no están preparados para realizar todos sus trámites a través de internet y que necesitan ser atendidos presencialmente, lo que ha provocado el fracaso de esta vía.

El representante de CCOO pone de relieve que en la petición de ayudas económicas, por citar un ejemplo, el rigor necesario para disponer del dinero público hace que un simple error a la hora de hacer el trámite telemático, como poner un ‘punto’ en lugar de una ‘coma’ en una cifra, puede hacer que la operación quede invalidada, con los quebrantos que eso supone para el ciudadano.

Traslados

El secretario de UGT en la Administración General del Estado, Fernando Martorell, indica que la situación actual, ya notablemente grave, va a ir a peor durante los próximos años. Y señala varios ejemplos. Para empezar, el concurso de traslados que se ha realizado en la Administración de Justicia se ha saldado con la marcha de unos 90 funcionarios y la llegada de solo cuatro. Además, en su Gerencia, de 35 plazas solo hay cubiertas 12.

Josep Ginard, de CCOO

Josep Ginard, de CCOO / DM

En el caso de Tráfico, a la escasez de examinadores se suma a que en Eivissa la falta de personal ha llevado a mantener cerradas sus dependencias durante dos días laborables a la semana. En Extranjería, se apunta que se han llegado a dar picos de falta de personal de un 40%.

Compensación económica

Los representantes de UGT y CCOO ponen de relieve que este problema se ha planteado a todos los grupos políticos con nulos resultados. Incluso se ha solicitado la intervención directa ante Madrid de las dos últimas presidentas de Balears, Francina Armengol y Marga Prohens.

El problema es que la compensación económica por estar destinado a Balears es ridícula si se compara con otros territorios. En Mallorca es de 75 euros mensuales para un funcionario medio, y en Eivissa y Menorca de 94. Pero en las islas mayores de Canarias llega a 134, y en las pequeñas a 376. En Ceuta y Melilla alcanza los 621 euros.

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