Baleares podría perder más de 200 millones al año en ingresos

Balears podría perder más de 200 millones de euros anuales de ingresos procedentes del Estado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el que acaba de declarar ilegal el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos (IEH) aplicado en España entre 2013 y 2018, con Cristóbal Montoro al frente de la política fiscal, lo que el Gobierno actual ha achacado a «la mala praxis legislativa del PP». El Gobierno español, por su parte, derogó el tipo el 1 de enero de 2019 y estableció otro sistema, que prevé un tipo uniforme para todo el territorio nacional.

En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo ha dictaminado que la legislación comunitaria «se opone a una normativa nacional que autoriza a regiones o comunidades autónomas a establecer tipos del impuesto especial diferenciados para un mismo producto y un mismo uso en función del territorio en que se consuma fuera de los casos previstos a tal efecto».

En cuanto a Balears, del 2019 al 2023, la cifra más alta fue de 256,53 millones (2019) y la más baja, de 198,55 millones (2022). En 2020 fueron 239,75 millones y en 2021, 224,55 millones.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a EFE que esta es «la enésima medida del ministro Montoro anulada por los tribunales», como «ya pasó con un decreto sobre sociedades, también con otro decreto sobre el pago fraccionado o con el régimen sancionador del modelo 720 (declaración de bienes en el extranjero)».

El caso fue elevado a la Justicia europea por el Tribunal Supremo y enfrenta a la compañía DISA con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a causa de unas solicitudes de devolución de ingresos tributarios que dicha sociedad soportó correspondientes al tramo autonómico del IEH.

El tramo autonómico de este impuesto estuvo vigente entre 2013 y 2018 pero fue derogado a partir del 1 de enero de 2019 y sustituido por otro sistema de financiación de las comunidades autónomas que estableció un tipo uniforme para todo el territorio.

El impuesto sobre hidrocarburos es un impuesto especial que grava los productos energéticos —gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos, gases licuados de petróleo (GLP), gas natural y biocarburantes y biocombustibles— cuando se utilizan como carburante o combustible.

Este impuesto se aplica en toda España y en 2023 recaudó 12.053 millones de euros. En principio, la sentencia de la justicia europea no tendrá ninguna repercusión ya que el tramo autonómico dejó de aplicarse en 2018.