El GOB denuncia que el PP aumenta la presión sobre Cabrera

El GOB alzó este jueves la voz para denunciar que el Govern de Marga Prohens ha aumentado la carga de visitantes sobre la isla de Cabrera, pasando de 300 personas máximas al día a «300 simultáneamente». Una variación que en palabras de la entidad ecologista supone claramente incrementar la presión sobre el parque natural y consigo, sus limitados recursos.

Según puso de manifiesto a través de una nota, el cambio se ha llevado a cabo con la modificación del decreto ley 3/2024 bajo el argumento de que se trata de un paquete de medidas urgentes para simplificar y racionalizar las labores administrativas. Un pretexto, defiende el GOB, que «aprovechan para eliminar limitaciones no de trámite administrativo sino de contenido sustancial». De este modo, continúa la entidad ecologista, suprimen la normativa aprobada en 2020 por el Govern del Pacte, que establecía un límite de 300 personas al día en el ámbito terrestre y en 150 en las aguas adyacentes; por el decreto que dio luz verde Jaume Matas durante su mandato en 2006, fijando la capacidad de carga de visitantes en 300 personas simultáneamente por día en el ámbito terrestre.

«Consideramos esta medida claramente clientelista», sostuvo la entidad ecologista, que alertó que rema en dirección contraria a la contención del impacto del uso público en el parque nacional. Y lo arguyó recordando que más visitantes diarios implica más consumo de recursos, como el agua para usos higiénicos («un bien extremadamente escaso en Cabrera», remarcaron), ya la vez más generación de aguas sucias, emisiones de dióxido de carbono ya que las barcas realizan más trayectos,... «Se prima el interés privado empresarial por encima del interés público general que debería regir la gestión del Parque Nacional de Cabrera», concluyeron.

El Govern defiende que solo suprime restricciones sanitarias

Por su parte, fuentes de la Conselleria aseguraron que la modificación de la normativa «simplemente restablece el límite de visitantes máximos permitidos a Cabrera en el estado anterior a la declaración de la pandemia». Así, defendieron que la norma solo suprime las restricciones sanitarias que se aprobaron para hacer frente a la covid, recuperando de este modo los topes fijados en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que se aprobó en 2006 en el Ejecutivo de Jaume Matas.

En palabras del departamento autonómico, en la última propuesta de revisión del PRUG realizada en 2015 con el Govern del Pacte, «aunque finalmente no se publicó, se acordó dejar el mismo número de carga máxima de visitantes, es decir, 300 personas de forma simultánea».

Aun así, desde la Conselleria mostraron su intención en revisar este tope, aunque aclararon: «Antes de tomar las decisiones para marcar límites en el flujo de visitantes se realizarán estudios de carga que permitirán tener datos actualizados».

FELIB, a favor de la amnistía

Por otro lado, la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB) se mostró este jueves a favor del Decreto Ley de Simplificación Administrativa que aprobó el Govern hace una semana y la posibilidad de utilizar suelo rústico para hacer aparcamientos disuasorios. Su presidente, Jaume Ferriol, cree que el decreto ayudará a los ayuntamientos con lo que «hasta ahora eran trabas burocráticas». 

Además, desde la entidad destacaron el hecho de que se puedan legalizar construcciones e instalaciones ilegales en rústico de forma extraordinaria porque «supondrá recursos económicos para las arcas municipales».

Suscríbete para seguir leyendo