El Govern se posiciona con los taxistas frente al apoyo de los hoteleros a Uber

El Govern de Marga Prohens se posiciona con los taxistas frente al apoyo del sector hotelero a Uber y mantendrá la media hora de precontratación de los VTC. A pesar de las presiones ejercidas por parte de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), que definió la nueva ley de regulación de los servicios de transporte como «conservadora y proteccionista», el Ejecutivo defiende que el objetivo de la normativa es que «el sector del taxi pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de plataformas digitales».

En este sentido, el portavoz del Govern, Antoni Costa, reiteró ayer que mantendrán el periodo de treinta minutos para contratar un servicio de Vehículo de Transporte con Conductor hasta que haya una sentencia firme y se mostró muy crítico con las más de 10.000 solicitudes de licencias de VTC que Balears ha recibido en 2023. «Sin duda son peticiones de carácter especulativo y no podemos permitir que se especule con este tipo de licencias, por eso apostamos también por una restricción en este sentido». Además, Costa quiso destacar la app pública que se pondrá en marcha para el servicio del taxi en las islas.

Cabe recordar que la patronal turística, de la mano de su presidenta María Frontera, presentó una serie de alegaciones en el Parlament para exigir al Govern que rectificara la ley del taxi en la que actualmente están trabajando. En relación a la media hora de precontratación, los hoteleros señalaron que «el planteamiento que se lleva a cabo ignora la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo e ignora la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde expresa que las limitaciones cuantitativas deben estar justificadas por razones imperiosas de interés general».

Asimismo, añadieron que el hecho de persistir en esta obligatoriedad «manifiesta una despreocupación por la gestión responsable de los recursos económicos del Govern por la alta probabilidad de tener que asumir responsabilidades patrimoniales por indemnizaciones».

Por lo que respecta a la intención del PP y Vox de permitir, transitoriamente, durante cuatro años, que las licencias de VTC autorizadas en Eivissa puedan operar en el resto de islas, el Ejecutivo de Marga Prohens argumentó que cambiar por completo la legislación vigente en estos momentos podría provocar una situación de inseguridad jurídica. «Las licencias que ya estaban concedidas tendrán que aclarar en un periodo de cuatro años en qué isla quieren operar y las nuevas que se concedan ahora tendrán que decidir ya la ubicación», detalló Costa.

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Los taxistas se niegan

Por su parte, los taxistas de Mallorca están en pie de guerra en contra de dicha enmienda presentada por populares y ultraderechistas. La proposición de ley para regular el sector del taxi y las VTC que se tramita en el Parlament prevé que las VTC autorizadas en cada isla sólo puedan operar en ésta, pero, a su vez, concede un periodo de cuatro años para que puedan seguir moviéndose libremente y trabajando por todo el archipiélago.

Gabriel Moragues, presidente de la Federación Independiente de Taxi de Balears, advierte de que el sector de Mallorca no está dispuesto a ‘comerse’ las licencias dadas de forma «laxa» por el Consell de Eivissa porque, en su momento, «no vigiló el cumplimiento de los requisitos» que marca la normativa.

Moragues recuerda en este sentido que, después de que por mandato judicial el Consell de Eivissa se viera obligado a tramitar, en el pasado mandato, algo más de 500 solicitudes de VTC que excedían el cupo aprobado por la Comunitat Autònoma en 2014, concedió «muchas licencias de forma incorrecta». Por ejemplo, cita las 50 primeras autorizaciones concedidas por el Consell a Ares Capital, que son las que ahora explota la plataforma Uber en Mallorca. «Nunca tuvieron un coche en Eivissa para operarlas. Para obtener la licencia, se presentaron vehículos de Ok Rent a Car que al cabo de dos meses se habían vendido a particulares. Barbaridades», subraya.

En cambio, resalta Moragues, en Mallorca (en este caso el Govern, que es el que ostenta, en lugar del Consell, la competencia de transporte público) se fue «muy riguroso» en el cumplimiento de la normativa, lo que provocó, según cita modo de ejemplo, que 260 licencias fueran denegadas, con el aval posterior de los tribunales, por no cumplir con la obligación de disponer de un seguro de empresa de responsabilidad civil, al margen del vehículo. «La inmensa mayoría de los casos de Eivissa incumplían el requisito del seguro», subraya.

Pendientes de los jugzgados

La Federación Independiente del Taxi de Balears recurrió en los juzgados todas las autorizaciones dadas por el Consell, aunque aún no ha habido ninguna resolución. «Tenemos grandes esperanzas de que muchas de ellas sean anuladas. Lo que no sabemos es cuánto tiempo pasará hasta entonces», indica Moragues.

Del medio millar de solicitudes que, por mandato judicial, el Consell de Eivissa se vio forzado a tramitar, concedió algo más de 300. Estas se suman a las 50 licencias VTC tradicionales que operan en la isla, sin conflicto alguno con los taxis, desde hace años. En el caso de Mallorca, el Govern se vio obligado a conceder 200 licencias de este tipo a la compañía Alsa. La mitad se vendió. Este centenar de VTC son las que operan actualmente en Mallorca, más las 50 procedentes de Eivissa que explota Uber.

Moragues apunta que Alsa aún no ha activado las otras cien autorizadas y que, según la información de la que dispone, la compañía pretende explotarlas. Por ello, Moragues sospecha que las plataforma Cabify y Bolt, que prevén su desembarco en Mallorca, pretenden explotar licencias de Eivissa porque, recalca, «no hay más en Mallorca».

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