Sin acuerdo por el amaño de las oposiciones en la Policía de Palma

El amaño de las oposiciones en la Policía Local de Palma en 2012, la causa que dio origen al caso Cursach, será juzgado a principios del año que viene. La falta de acuerdo entre la Fiscalía y los siete acusados -tres antiguos altos mandos de Sant Ferran y cuatro agentes- para alcanzar un acuerdo de conformidad quedó patente en la vista previa celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial. El tribunal ha señalado el juicio para febrero y marzo de 2024, repartido en 15 sesiones. Los imputados por la filtración de un examen se enfrentan a peticiones de un año y medio de prisión e inhabilitaciones de hasta 12 años para cualquier cargo público.

Los acusados son Enrique Calvo, entonces director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma; Antoni Vera, que era intendente jefe de la Policía Local; el comisario jefe Rafael Estarellas; el inspector Emilio Quetglas y los agentes Daniel Montesinos, Tomás Más y Santiago Adrover. Están imputados por delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

Siempre según la tesis del fiscal Juan Carrau, el amaño se produjo en una oposición para cubrir 14 plazas de oficial de la Policía Local celebrada en 2012. Vera y Estarellas formaban parte del tribunal y redactaron siete de las diez preguntas de una de las pruebas, que hicieron llegar junto a las respuestas correctas a Calvo. Fue este quien llamó a Montesinos, entonces interino, y le envió las preguntas por correo electrónico. El policía las reenvió después a Más y Adrover seis días antes de la prueba. En el examen, los dos aspirantes solo contestaron a las siete preguntas que conocían de antemano. Vera, a su vez, envió el cuestionario completo a otro agente, pariente suyo y que obtuvo la máxima puntuación. El objetivo de la filtración era que Más y Adrover lograran sendas plazas de oficial y permitieran a Montesinos conseguir un puesto fijo en el cuerpo.

Antes de que culminara la oposición, Montesinos acudió a un notario para dejar constancia de la filtración procedente del correo de Calvo. Estarellas tuvo conocimiento de ello y no hizo nada para investigar el caso o anular la oposición, sostiene la Fiscalía. Además, Montesinos consiguió que Vera ordenara al inspector Emilio Quetglas archivar denuncias y expedientes contra él.

La investigación iniciada por la magistrada Carmen González en 2013 provocó en septiembre de ese un insólito registro en el cuartel de Sant Ferran por parte de la Guardia Civil. Fue el primer peldaño de lo que acabó convirtiéndose en el caso Cursach, la macrocausa de corrupción policial, política y empresarial.

La Fiscalía aprecia la atenuante de dilaciones indebidas en los delitos por el tiempo transcurrido desde que se iniciaron las pesquisas hasta la celebración de la vista oral.

Los siete acusados comparecieron ayer en la Audiencia Provincial de Palma, donde fueron ya citados para la vista oral. El tribunal de la sección primera ha decidido que el juicio comience el 21 de febrero y se prolongue hasta el 15 de marzo del año próximo.