España también es centralista en la extracción geográfica de sus Gobiernos. Se cumplen veinte años desde que Jaume Matas renunció a la fuerza a la cartera de Medio Ambiente de Aznar, para liderar la mayoría absoluta del PP en las autonómicas de 1993. Desde entonces, ningún nativo de Baleares ha sido nombrado ministro, tampoco en el Ejecutivo conformado ayer por Pedro Sánchez. Durante las dos décadas transcurridas desde la extinción balear, y por comparar con el otro archipiélago español, Canarias suma cinco ministerios y con la elevación de Ángel Víctor Torres mantiene su presencia constante en el gabinete.
Por orden de aparición, Juan Fernando López Aguilar, José Manuel Soria, Carolina Darias, Héctor Gómez y Torres componen la plantilla de ministros canarios en el siglo XXI. Superan a los cuatro acumulados por Baleares desde la muerte de Franco. A saber, Santiago Rodríguez Miranda, Félix Pons, Abel Matutes y Matas. La relación confirma la posición subordinada balear respecto a Canarias, visible también en conquistas económicas como el 75 por ciento o en aspiraciones etéreas como el Régimen Especial.
Si ningún político balear ha sido elegido, tampoco han abundado los perfiles locales que se han barajado con seriedad para ocupar un ministerio. El fallecido Joan Mesquida bordeó el nombramiento con Zapatero, su sucesor Rajoy nunca tomó en consideración al PP balear, y los nombramientos por parte de Sánchez de secretarias de Estado como Isabel Oliver o Carmen Orte tuvieron un desenlace infeliz y precipitado. Tampoco Rosana Morillo ha sido promocionada de Turismo a la cúspide del ministerio, que ha desembocado en el catalán Joan Hereu.
Franco no nombró a un solo ministro balear, hay que remontarse a Alfonso XIII para encontrar a Antonio Maura, Alejandro Roselló y Valeriano Weyler. De regreso al presente, la ausencia de miembros baleares del gabinete en este siglo contrasta con los catorce ministros aportados por Castilla y León en el mismo lapso. Pese a su tamaño aparatoso, esta comunidad solo dobla en población al archipiélago. En la actual remodelación constan hasta dos nativos de Valladolid, Óscar Puente y Ana Redondo.
Los ministros madrileños en las dos décadas de sequía de Baleares se cuentan por decenas, la capitalidad opera como un pasaporte a La Moncloa pese al victimismo de Isabel Díaz Ayuso. También Andalucía presume de fértil semillero ministerial. Las cuatro carteras de Castilla-La Mancha pueden parecer modestas, hasta que se recuerda que esta región solo dobla en población al archipiélago huérfano de representación.
Baleares encuentra consuelo a su postergación en el furgón de cola de las comunidades periféricas. No precisamente en Galicia, que ha extraído diez ministerios en los últimos veinte años con el doble de población que el archipiélago. Cantabria solo crió a un ministro, y era Alfredo López Rubalcaba. En cambio, Murcia y Asturias también tienen el marcador a cero.
En esta ocasión, se tiende a corregir la carestía ministerial en la presencia poderosa de Francina Armengol al frente del Congreso. Sin embargo, el nombramiento que allanó la investidura fue forzado por las necesidades antes que por la voluntad de Sánchez. Desde Bruselas, Puigdemont había exigido un presidente del Congreso «votable» para dar apoyo al PSOE en el encarrilamiento de la legislatura. Este requisito se cumplía con creces con una candidata catalanoparlante que no fuera extraída de la Comunidad Valenciana y mucho menos de Cataluña, donde el PSC de Salvador Illa es el principal rival de Junts y Esquerra. Quienes piensan que la expresidenta balear sería irremediablemente ministra de no haberse cruzado la tercera magistratura del Estado en su camino, solo deben recordar que su homólogo Ximo Puig se ha quedado compuesto y sin cartera.
