Jueces y abogados de Balears se suman al rechazo de las alusiones al 'lawfare'
Unos 80 magistrados decanos de todo el país, entre ellos los de Palma e Ibiza, apuntan el "riesgo" que corre el sistema de garantías jurisdiccionales
La institución colegial de letrados ve una «amenaza» al Estado de Derecho y dice que siembra dudas "inaceptables" sobre la independencia de los juzgados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, en el Congreso. | DAVID CASTRO / Irene R. Aguado
Jueces y abogados de Balears se suman al rechazo contra el pacto del PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de concesiones como una amnistía para todas las personas con causas judiciales relacionadas con el ‘procés’. Los magistrados de las islas han firmado el documento difundido ayer por mañana por unos 80 jueces decanos de toda España, incluidos los de Barcelona, Lleida, Girona, Madrid o la Audiencia Nacional, que se han adherido al comunicado de todas las asociaciones judiciales (tanto conservadoras como progresistas) en el que transmiten su preocupación por un pacto que pone en riesgo la separación de poderes e incluye la incorporación del concepto lawfare, un término que se usa para definir la persecución judicial por razones políticas.
Los 80 jueces decanos, entre los que está el magistrado de Palma y el de Ibiza y Formentera (si bien no figuran los de Inca, Manacor, Ciutadella y Maó), han mostrado su rechazo a las referencias sobre la «judicialización de la política» y sus consecuencias. Al igual que el comunicado de las asociaciones judiciales, los jueces decanos recuerdan que el texto contiene referencias explícitas a la posibilidad de «desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria para determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política».
Esto podría suponer, advierten, que se someta a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales, con una «evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».
En este sentido, los jueces recuerdan que deben estar sometidos únicamente al «imperio de la ley», puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. «Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables», lamentan.
Por último, los magistrados decanos destacan en su comunicado que «el poder judicial es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta».
Colegio de Abogados
El Colegio de Abogados de Baleares también se ha pronunciado. La institución de letrados ve una «amenaza» al Estado de Derecho y sostiene que el término lawfare es «inasumible», siembra dudas «inaceptables» sobre la independencia de los juzgados y tribunales y contribuye al desprestigio de la justicia. Pese a que insiste en defender su «neutralidad» política, el colegio profesional ha transmitido en un comunicado su «rechazo absoluto» tanto al concepto de judicialización de la política como a la anunciada creación de comisiones parlamentarias de investigación.
La junta de gobierno de la institución también considera que la referencia al término «guerra jurídica» supone un «riesgo inasumible de quiebra de la separación de poderes» y una «amenaza directa sobre uno de los principios fundamentales que sustentan un Estado de Derecho moderno y democrático como es el principio de independencia judicial».
Audiencias provinciales
Por su parte, los presidentes de las audiencias provinciales (entre ellos no figura el representante balear) también se pronunciaron ayer mostrando su «enérgico rechazo» a la referencia al lawfare que hace el acuerdo. «Nos adherimos al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tanto en lo relativo al rechazo de tal iniciativa como a su justificación para repudiar la misma», han dicho.
A su juicio, hay un «riesgo evidente de que se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales, en una flagrante vulneración del principio de separación de poderes, que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado Democrático y de Derecho».
También han expresado su «sorpresa e indignación ante el documento en cuestión en la medida en que plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea».
De esta forma, se suman a la declaración aprobada el mismo jueves por la Comisión Permanente del CGPJ en una reunión de urgencia para manifestar su «frontal oposición» a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto lawfare y anticipar que actuará por «los cauces legalmente establecidos».
Antoni Bennàssar advierte de una «crisis institucional y constitucional de primer orden»
En Baleares algunas voces reconocidas en el mundo del derecho ya se han pronunciado. Antoni Bennàssar, abogado mallorquín especializado en Derecho Constitucional, advierte de la «crisis institucional y constitucional de primer orden» que han provocado no solo las discusiones jurídicas sobre la amnistía (una figura «en tierra de nadie», ya que la Constitución prohíbe los indultos generales pero no las amnistías, reflexiona Bennàssar), sino también el mandato caducado de buena parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Para el abogado, el enfrentamiento de un sector del CGPJ en contra de un proyecto de ley que todavía no se ha presentado implica también «una crisis muy grave del principio de separación de poderes». Pese a todo, Bennàssar se muestra prudente: «Antes de hacer valoraciones jurídicas hay que ver el proyecto de ley que se presentará en las Cortes Generales y que todavía no se ha articulado».
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