Alejandro González Mariscal de Gante: «La amnistía atenta contra los principios más elementales de nuestro sistema»

Alejandro González Mariscal de Gante es juez y ejerce en Palma. Es uno de los más destacados dirigentes de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la primera organización judicial que se ha mostrado en contra de la ley de amnistía. Afirma que esta ley representa la ruptura del Estado de Derecho.

Su asociación sostiene que la amnistía es inconstitucional. ¿Porqué?

La amnistía atenta contra los principios más elementales de nuestro sistema. Coloca a unas personas determinadas por encima de otras y elimina el principio de igualdad entre ciudadanos. Además, supone reconocer que los jueces no hemos actuado conforme a la ley y no hemos sido justos en nuestro trabajo.

¿El Poder Judicial se verá afectado por esta amnistía?

Entiendo que sí. Se intenta socavar el Poder Judicial. Sostener que se ha judicializado un problema político en el fondo es una falsedad. Lo que se ha hecho es aplicar la ley contra los que han cometido un delito, ya que nunca se ha perseguido a nadie por sus ideas políticas.

¿Qué supone la amnistía para el Estado de Derecho?

La quiebra y la ruptura. La base del Estado de Derecho es la igualdad de todos los ciudadanos. La amnistía es una institución que han utilizado los estados ante un cambio de régimen. Es una forma de aplicar un borrón y cuenta nueva, como se hizo en el año 1977. Pero aquí se quiere imponer en plena democracia y siembra un precedente muy peligroso.

Además se ha negociado la amnistía con los beneficiados.

Así es. Sería lo mismo que la ley del solo sí es sí se hubiera negociado con los violadores. No tiene ningún sentido.

¿La amnistía rompe la separación de poderes del Estado?

Se pierde el respeto al trabajo que hicieron los jueces en el caso del Procés, cuando lo que se hizo fue cumplir y hacer cumplir la ley. Hay que recordar que para los jueces no existe la objeción de conciencia y están obligados a cumplir con la ley. El problema no está en que se rompa la separación de poderes, sino que se pretende eliminar el contrapeso que representa el Poder Judicial. Apruebas una ley para que el juez no pueda juzgar determinadas cosas y siembras la imagen de que los jueces ejercen un papel vengativo, cuando lo que hacemos es garantizar los derechos de los ciudadanos.

Aunque los jueces no estén conformes con la amnistía tendrán que acatarla.

Por supuesto. Será una ley soberana aprobada en el Parlamento. Pero será una ley que no se aplicará en todo el país, sino que beneficiará solo a unas personas que viven en una determinada zona del país.

Si es así como dice, ¿provocará ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda?

Entendiendo que sí. Ya no seremos todos los ciudadanos iguales ante la ley, dependerá de su procedencia.

Sin embargo, hay muchos juristas que apoyan la amnistía y defienden que es constitucional.

La Constitución es muy elástica, pero hay una situación que no van a poder evitar y es que se rompe con el principio de igualdad. El Constitucional dirá si la ley es legal, o no lo es, pero la amnistía por definición diferencia a los ciudadanos y con ella se deja de aplicar la ley a determinadas personas.

El CGPJ se expresó diciendo que la amnistía es inconstitucional cuando todavía no se conoce el texto de la ley.

Es cierto, todavía no se conoce la letra pequeña de la ley. Pero hay que distinguir dos cosas. Una es la crítica a la propia ley, que antes de hacerla se debería conocer el texto y la otra es criticar el concepto de la ley. Nuestra asociación lo que ha hecho es criticar el concepto de la amnistía.

¿La Constitución permite la amnistía?

Aunque no la mencione expresamente, entiendo que no. Supone vulnerar el Estado de Derecho, que es el elemento primordial de nuestro sistema y el de la Unión Europa.

Sin embargo, se da por hecho que la ley pasará el filtro del Tribunal Constitucional.

Porque partimos de la premisa de que el Constitucional está también politizado. En este país se etiqueta todo. Se etiquetan los jueces en función de quien lo ha elegido. Pero quiero subrayar que el nivel de los magistrados del Constitucional es muy elevado. Pero el régimen actual de nombramientos genera una sensación de que los jueces están politizados, aunque yo en mi juzgado nunca he recibido ninguna llamada indicándome qué tengo que hacer para resolver un caso.

¿Se puede comparar esta decisión con la amnistía fiscal que se aplicó hace años?

Creo que no. Además, el Constitucional ya dijo que la amnistía fiscal era inconstitucional, por lo que el argumento ya esta superado. Además, se trataba de aflorar dinero negro.

¿El Tribunal de Justicia Europea podría declarar la ilegalidad de la amnistía?

Podría hacerlo, pero es complicado.

¿Es lo mismo la amnistía que el indulto general?

No. La Constitución prohibe el indulto general, pero no menciona la palabra amnistía. Pero supone que no se puede perseguir a una persona por un determinado delito, pero este delito continúa vigente en la ley. Por eso se trata de los ciudadanos de forma diferente.

¿A los jueces se les trasladó la responsabilidad de resolver el conflicto catalán?

Es una forma de verlo, pero los jueces hemos hecho nuestro trabajo, que es el de aplicar la ley. Da la impresión de que intentan apartarnos porque de lo contrario no volverá la convivencia en Cataluña. Pudimos ver cómo actuaron los jueces en el juicio del Procés, que fue televisado. Allí se vio que el debate no era político, sino jurídico. Los jueces no somos el problema, somos la solución.

¿Qué opinan los jueces extranjeros sobre esta situación?

La opinión generalizada es de sorpresa y de cautela.

Si algún día el Constitucional declara ilegal la amnistía, ¿Puigdemont podría ser juzgado?

Entiendo que no. Hay un caso reciente, como es la modificación de la ley de solo sí es sí. El hecho de que se revoque una ley no implica que se vuelvan a imponer los años de prisión al condenado. Siempre se aplica la ley más favorable para el acusado.

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