Raquel Sánchez tuvo que dimitir ayer como jefa de gabinete de la conselleria de Vivienda del Govern por su flagrante incompatibilidad. Sánchez ocupaba ilegalmente dos cargos públicos, ambos remunerados con 51.700 y 21.500 euros respectivamente: uno en el Consell de Mallorca como consellera electa sin cartera del PP, y otro en el Govern como jefa de gabinete del departamento de Vivienda.
Tras desvelar Diario de Mallorca que Sánchez incumplía la ley electoral de la institución insular, que prohíbe expresamente que un jefe de gabinete del Govern pueda ser a la vez miembro del Consell, el PP optó porque Raquel Sánchez abandonara su primer cargo y conserve ahora únicamente el insular. La crisis tuvo que ser dirimida desde el Consolat a lo largo de toda la jornada, y fue la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien tuvo la última palabra.
Tras negar el Consell a este diario que Sánchez fuera incompatible, ayer los hechos cayeron por su propio peso y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, fue apercibido de la incompatibilidad sin posible salida jurídica. Ante ello, decidió no demorar más la crisis.
La ley electoral de los Consells Insulares (7/2009, de 11 de diciembre) estipula que «son incompatibles» para ser miembros electos del Consell de Mallorca «los jefes de los gabinetes de las consejerías de la Administración de la comunidad autónoma».
Dos sueldos mensuales
Es exactamente la situación en la que se encontraba Raquel Sánchez, que además cobraba de las dos instituciones: 51.700 euros anuales como jefa de gabinete de la conselleria de Vivienda, y otros 1.537 euros cada vez que asistía a un pleno del Consell de Mallorca (como mínimo una vez al mes).
Formalmente, no hubo el menor reproche del PP hacia Sánchez. La consellera Marta Vidal agradeció «la dedicación y la buena labor que ha desarrollado su jefa de gabinete de la Conselleria durante estos primeros meses de la legislatura».
Una portavoz oficial del Consell descartó en un primer momento a este diario la incompatibilidad de Raquel Sánchez, aunque ayer por la mañana el presidente de la institución, Llorenç Galmés, también del PP, ya explicó que los servicios jurídicos estaban «estudiando la situación. Hasta ahora nadie nos había informado de esta posible incompatibilidad, pero vamos a cumplir con la ley y estamos pendientes de lo que nos pueda decir la secretaría general». En este sentido, el presidente del Consell no desmintió en ningún momento dicha incompatibilidad. «No tengo que ser yo quien diga si es o no incompatible. Vuelvo a repetir, la secretaría general y los servicios jurídicos están estudiando el caso y se cumplirá con los requisitos que marca ley», reiteró Galmés.
Ley electoral
La ley electoral de los Consells Insulares es muy clara al respecto de situaciones como la de Raquel Sánchez. «Ningún electo puede adquirir la condición de miembro del Consell insular si se encuentra incurso en una causa de incompatibilidad», estipula. En consecuencia, «los miembros incompatibles tienen que ser sustituidos en el Consell insular que les corresponda por los candidatos que ocupen el siguiente lugar al del último elegido en las listas electorales correspondientes», recalca. «El consejero electo que acepte un cargo, una función o una situación que sean constitutivos de una incompatibilidad tiene que cesar en su condición de miembro del Consell», concluye la citada ley.
Tanto el PSOE como Més per Mallorca, ambos en la oposición, exigieron ayer que Raquel Sánchez cesara en uno de los dos cargos por su incompatibilidad manifiesta. El portavoz de Més en el Consell, Jaume Alzamora, reclamó que la consellera devuelva el dinero público percibido indebidamente tal y como establece la ley de Incompatibilidades: «Exigimos que la consellera Sánchez devuelva el dinero público si es que lo ha ingresado de forma indebida, es muy grave que el presidente Galmés acepte con tanta tranquilidad esta situación».
Alzamora añadió que «por mucho que les pese al PP y a Vox, la ley es igual para todos», y tachó de «caos este nuevo episodio vivido en el Consell, caracterizado por las ocurrencias, la falta de trabajo y ahora también por el incumplimiento de la ley». Alzamora acusó al presidente Galmés de estar «protegiendo a una consellera de su propio partido, y esto es inaceptable».