El PSIB-PSOE acusó ayer a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de montar «una burbuja inmobiliaria» en suelo rústico con «una nueva amnistía a todas las viviendas ilegales» con el nuevo decreto ley de vivienda.
La diputada socialista Mercedes Garrido reivindicó la protección del suelo rústico y censuró que la consellera del área, Marta Vidal, haya dicho «que este decreto no afecta al territorio». «Es totalmente mentira porque afecta de manera muy directa al suelo rústico», subrayó Garrido.
El Grupo Socialista criticó que se permita que viviendas ilegales fuera de ordenación, «que hasta ahora no han cumplido ninguna norma a la hora de construirse», tengan cédula de habitabilidad. Ello «permitirá que estas viviendas se puedan vender y vayan a la compraventa sin ningún problema», además de ir «consiguiendo los suministros básicos».
Además, Garrido destacó que en la actuación del anterior gobierno del PP «se hacía pagar, en este caso ni siquiera pagan, por lo que se amnistía a todas las viviendas ilegales en suelo rústico».
Por su parte, Més per Mallorca acusó al Govern de «centrarse en la compraventa» de inmuebles con su decreto de vivienda y, por este motivo, hoy consultará al Ejecutivo sobre cuáles son las medidas que adoptará para controlar los precios de los alquileres. Así lo indicó ayer el portavoz de la formación ecosoberanista en el Parlament, Lluís Apesteguia.
Protesta sindical
Los que también se han puesto en contra de la iniciativa del Govern son los sindicatos UGT y CCOO, ante la posibilidad de reconvertir hoteles en viviendas, por considerar que rompe los equilibrios que se habían generado en torno a la ley turística, pero de forma muy especial por la destrucción de puestos de trabajo que puede conllevar.
Sobre este punto, el secretario general de UGT-Servicios en las islas, José García Relucio, anunció que se va a consultar a las bases la convocatoria de movilizaciones de protesta ante las Administraciones vinculadas a estas medidas.
Tanto desde este sindicato como desde CCOO se ha recordado que se pactó con hoteleros y Govern que la posibilidad de transformar establecimientos de alojamiento en residenciales debía de estar notablemente limitada, y que cada caso debía de pasar por una comisión tripartida que debía dar el visto bueno, siendo necesaria la unanimidad a la hora de dar luz verde a cada proyecto.
El temor de los sindicatos radica en que haya hoteleros que, una vez amortizado su establecimiento, decidan transformarlo en viviendas, con el correspondiente despido de la plantilla.
Apoyo empresarial
Por contra, desde la asociación empresarial de promotores de las islas se ha venido dando respaldo, con carácter general, el decreto ley al considerar que las medidas que incorpora pueden facilitar que la iniciativa privada se implique en el desarrollo de los inmuebles a precio limitado, dado que los precios máximos que se fijan podrían ser asumidos siempre que el valor del suelo no se dispare de la mano de la especulación.
