La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha defendido que el decreto sobre emergencia habitacional que se aprobará el próximo viernes se ha llevado a cabo "negociando con nadie, escuchando a todos". En este sentido, Vidal ha explicado que, para llevar a cabo el decreto ley de vivienda, la conselleria ha prestado atención a las demandas de los sectores implicados. "Hemos escuchado a todos los consells insulars y a los agentes implicados para la aplicación y puesta en marcha de medidas efectivas", ha detallado Vidal.

El Govern balear ha confirmado que el viernes aprobará el decreto sobre emergencia habitacional que tiene como objetivo sacar al mercado vivienda a precios más asequibles, cumpliendo así con el compromiso adquirido por la presidenta Marga Prohens de que este paso se debía de dar antes de que concluyera el presente mes. Sin embargo, desde el sector de la promoción inmobiliaria se reconoce la preocupación existente en torno al documento definitivo que saldrá adelante, del que desconoce todavía la «letra pequeña». Esta inquietud gira principalmente en torno a tres puntos, como son las posibilidades de acceso a suelo cuyo precio sea asumible, la agilidad que se otorguen las licencias de los proyectos, y sobre todo el precio máximo al que se podrán comercializar estos inmuebles.

Como se recordará, el Ejecutivo autonómico anunció a principios del presente mes la aprobación de un decreto en el que se contemplará la construcción de residencias más pequeñas y la división de las ya existentes (el resultado final no puede bajar de una media de 60 metros cuadrados por cada una), aumentar las alturas de los edificios habitados y en proyecto, y la transformación de locales comerciales e instalaciones turísticas en viviendas, entre otras iniciativas, siempre que su precio sea limitado.

Respecto a este último punto, desde el Govern se aseguró posteriormente que el precio medio por metro cuadrado de estas nuevas residencias será en torno a un 39% más barato que las que hay actualmente en el mercado, de forma que un piso de 60 metros cuadrados podrá moverse en torno a unos 161.000 euros. Desde el sector promotor se señala que la estimación que les facilitó el Ejecutivo autonómico es que esas viviendas deben de costar, como máximo, en torno a un 10% más que las de protección oficial.