El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, junto con el vicepresidente del Govern y conseller de Hacienda, Antoni Costa, y la portavoz popular de la comisión de Economía, Lourdes Cardona, se han reunido con los representantes de la Associació Professional de Tècnics Tributaris, PIMEM, CAEB, de los colegios oficiales de Economistas, Gestores Administrativos, Abogados, Graduados Sociales y del Cercle d’Economia con el objetivo de estudiar la introducción de mejoras al decreto de eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Según el Partido Popular, durante el encuentro, tanto entidades como los miembros del grupo parlamentario popular han coincido en “valorar positivamente las políticas fiscales que ha empezado a aplicar el Govern de Marga Prohens” porque “en momentos de dificultad económica, con la cesta de la compra cada día más cara y con la inflación por las nubes, las administraciones deben ayudar a los ciudadanos bajando impuestos” ha señalado Sagreras.

Elaborar enmiendas

Ha añadido la intención del partido de "asesorarnos y consensuar con los expertos del sector en Baleares para elaborar las enmiendas adecuadas para que se adhieran a la eliminación de un impuesto injusto y así rebajar la presión fiscal en nuestra comunidad autónoma”.

Por último, Costa ha agradecido “la ayuda, el interés y la voluntad de todas los participantes en la reunión de ayudar a que Baleares acabe con las políticas fiscales erráticas”.

Duras críticas

Esta reunión se produce tras las duras críticas que el decreto ley aprobado por el Govern ha recibido en algunos de sus puntos, como la exclusión de los beneficios fiscales de los no residentes en España, algo que se ha llegado a calificar como "error garrafal" y "catástrofe".

También se ha advertido del fallo que supone obligar a que al recibir una vivienda en herencia o donación se exiga para no pagar el Impuesto de Sucesiones el que ésta se inscriba por su valor de referencia catastral y no de mercado, ya que en el caso de venderla posteriormente la carga tributaria que el beneficiario debe de asumir a través del pago del IRPF puede ser muy superior al ahorro que consiguió con la medida aprobada por el Ejecutivo autonómico.