Los policías basan sus acusaciones del caso Penalva en los mensajes de WhatsApp
Márquez y Palomo apelan con insistencia a los chats como principal evidencia de las detenciones «ilegales», las coacciones y las filtraciones

Los policías Juan Márquez y Juan Palomo. / B. RAMON
Whatsapps, whatsapps y más whatsapps. Los investigadores policiales del caso Penalva y Subirán apelaron en el juicio reiteradamente a los mensajes incautados a los acusados, todavía en un limbo legal, como principal evidencia de sus imputaciones. Juan Márquez y Juan Palomo insistieron en que estos chats demuestran que las detenciones del caso ORA se practicaron sin base y solo para «presionar» a los acusados y las calificaron de «ilegales». También consideraron acreditada por estos mensajes la autoría de las filtraciones de información a los medios de comunicación y las coacciones a detenidos. Los dos policías, cuestionados por las defensas, reconocieron que no contrastaron muchos de los datos y que atribuyeron los delitos con los whatsapp como única base y las posteriores declaraciones de las personas supuestamente presionadas, a las que buscaron para tomarles declaración. Márquez y Palomo coincidieron en intentar desacreditar los indicios esgrimidos por los acusados para llevar a cabo las detenciones del caso ORA, tacharon de «falsas» varias de las pruebas y sostuvieron que Penalva, Subirán y los miembros de Blanqueo las «amoldaban» de forma «antiescrupulosa». Consideraron por ello «ilegales» los arrestos, basándose, como acabaron por reconocer, «en los whatsapps». «Lo ilegal no es detener aún con un informe con errores, lo ilegal es detener para presionar», sentenció Palomo. A preguntas de las defensas reconocieron que algunos datos no los comprobaron, como la vinculación de Álvaro Gijón con una sociedad. «Lo importante son los whatsapps», insistió Palomo.
Respecto a las coacciones a testigos, los policías argumentaron también que en los mensajes de WhatsApp incautados aparecen comentarios al respecto. En sus pesquisas localizaron a varias personas que, entonces sí, afirmaron haber sido coaccionadas en su momento.
Respecto a las filtraciones a la prensa, apuntaron que había varios indicios que apuntaban a dos de los policías de Blanqueo, y que centraron sus pesquisas en ellos «porque tenían indicios previos» contra ellos y desecharon a otras personas como posibles autores. Las defensas cuestionaron las evidencias para llevar a cabo los arrestos de los agentes de Blanqueo y Márquez admitió: «Era una detención policial ¿Cuántas veces detenemos a gente que luego los indicios no llevan a eso?». Sobre la incautación del teléfono móvil de esta policía, explicó que dos agentes se desplazaron a Madrid y lo trajeron a Palma sin precintar: «Lo pusieron en modo avión y lo trajeron», explicó.
Una funcionaria del juzgado de instrucción 12, cuyo titular era Manuel Penalva, aseguró que el fiscal Carrau solía ir a «muchas declaraciones» del caso ORA, además de Subirán. El fiscal Herranz reaccionó exhibió entonces una retahíla de documentos en los que constaba la firma del fiscal Subirán, acusó a la testigo de mentir en el juicio y pidió al tribunal que deduzca testimonio contra ella. El abogado de Penalva y Subirán consideró que Herranz estaba así coaccionando a la testigo. La funcionaria, finalmente, negó que se adulteraran declaraciones o se intimidara a acusados y testigos en instrucción 12.
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