Un comisario de Policía cuestiona decisiones judiciales del caso Cursach

El comisario de la Policía Nacional Juan Márquez lanzó ayer graves acusaciones contra los investigadores del caso Cursach, llegó a cuestionar decisiones judiciales —como el ingreso de en prisión de dos personas por el caso ORA— y acabó admitiendo «errores», «especulaciones» y «hechos subjetivos» en sus propias pesquisas.

En un largo y tenso interrogatorio de diez horas, que continúa hoy, atribuyó a Penalva, Subirán y los cuatro antiguos agentes del grupo de Blanqueo de la Policía decenas de filtraciones de informaciones a medios de comunicación de causas declaradas «secretas» y concluyó que con ellas pretendían «hacer un juicio paralelo porque no había pruebas». En buena parte de ellas no pudo especificar la autoría concreta de estas revelaciones: «Se las atribuimos a todos», llegó a decir.

Márquez, con el apoyo del fiscal Tomás Herranz, se esforzó en desvincular la atribución de estas filtraciones de los listados de llamadas de periodistas obtenidos de forma ilegal y de los mensajes de WhatsApp incautados que ya han sido anulados por el tribunal. El comisario sostuvo que existían otros indicios, al margen de estas pruebas, que les llevaron a la detención de los agentes acusados por estas revelaciones.

Tras defender que los teléfonos se incautaron a estos policías de forma legal, se basó en los chats intervenidos para imputar a los procesados la «manipulación de testigos» y las «presiones y coacciones» a diversos investigados en el caso Cursach. Llegó a decir que en la causa había «declaraciones arrancadas», afirmó que se ocultaban evidencias —«lo que no iban bien para la causa no solía aparecer»— y apuntó a la obsesión de los acusados por implicar a Álvaro Gijón y José María Rodríguez, a quienes exoneró. Márquez aseguró varias veces que Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo «empezaban por el techo» sus pesquisas.

En esta enmienda a la totalidad de las pesquisas del caso Cursach, el policía acabó cuestionando incluso decisiones judiciales, como el ingreso en prisión del empresario Antonio Roig por el caso ORA, medida que a su juicio se llevó a cabo «para presionar». Sentenció que las diligencias que se llevaron a cabo tras este encarcelamiento preventivo debieron llevarse a cabo «antes».

Las defensas, tras esta retahíla de acusaciones, trataron de desmontar sus pesquisas. Y el comisario acabó reconociendo que en sus informes sobre este caso hay «errores», «especulaciones» y «hechos subjetivos». También admitió fallos en la transcripción de los mensajes de WhatsApp incautados y, ante la insistencia de las defensas, negó manipulaciones intencionadas. «Yo no soy un chorizo», proclamó.

Respecto a la incautación del teléfono móvil del policía Iván Bandera, cuestionada por las defensas y sobre la que el tribunal tiene importantes dudas, argumentó que «los precintos no son obligatorios». «No hay mejor precinto que la Policía Judicial», sentenció.

El interrogatorio quedó suspendido hasta hoy y tras Márquez comparecerá el otro agente que participó en estas pesquisas.

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