Los Tambores por la Paz han resonado este sábado frente a la Delegación del Gobierno en Palma para denunciar “la masacre de Melilla” y "el racismo institucional", cuando se cumple un año del asalto fallido en la valla fronteriza,y demandar justicia y reparación ante "todos los obstáculos" para investigar los hechos acaecidos porque rezaba una de las pancartas exhibidas "las vidas migrantes importan".
Representantes de cerca de cuarenta asociaciones y de la sociedad civil, como Amnistia Internacional u Oxfam, se han concentrado para exigir “justicia para las víctimas de la tragedia. Hasta ahora ninguna autoridad española o marroquí ha respondido por los hechos ni por sus consecuencias”, han criticado, y ya ha pasado todo un año “de impunidad”, ha denunciado Carlos Martín, de la plataforma Les Balears Acollim. Por ello con la acción de este sábado quieren llamar la atención del Govern balear y de toda la sociedad española.
Al clamor de la tamborrada se ha iniciado la protesta, que ha reunido a una cincuentena de activistas, además de otros tantos turistas atraídos por la música. Los manifestantes han procedido a la lectura de un manifiesto consensuado entre todos los convocantes.
El 24 de junio de 2022 alrededor 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron de atravesar la frontera entre España y Marruecos por el paso fronterizo melillense. La policía española devolvió “de manera sumaria y sin garantías” al menos a 470 personas, según cifras del Defensor del Pueblo. Durante horas, centenares de personas permanecieron “bajo el sol” sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria, a pesar de que las ambulancias se encontraban en la zona, han recordado los congregados.
Denuncian la impunidad y el desamparo sufrido por víctimas y familiares en unos hechos donde al menos 37 personas murieron, 77 desaparecieron y 470 fueron devueltas de forma “sumaria y sin garantías·", según el defensor del pueblo y cifras de Naciones Unidas.
“La impunidad desde entonces es total. Ni el Gobierno de España ni el del Marruecos han realizado ninguna investigación sobre la violencia empleada ni ningún funcionario de ninguno de los dos países ha comparecido hasta ahora ante la justicia para rendir cuentas" por “la muerte, la desaparición y las heridas de tantas personas”, ha señalado Lola Abrahams, de Amnistía Internacional Islas Baleares.
Las asociaciones convocantes exigen una investigación que incluya el estudio de “los motivos racistas y discriminatorios” que ampararon la masacre. También piden rendir cuentas a los responsables y elaborar directrices y normativas que impidan que se repitan este tipo de violaciones contra los derechos humanos.
Consideran también que los funcionarios deben recibir formación sobre los reglamentos internacionales, la protección de personas refugiadas e implementar sistemas de vigilancia para garantizar su cumplimiento.
Por otro lado, reclaman que se garantice a las víctimas el acceso a información, justicia y reparación por los daños sufridos y que se cumpla con la obligación de investigar el paradero de sus seres queridos, además de acabar con las devoluciones en caliente. Demandan un sistema de acogida “justo, eficiente y seguro” que se adecue a las necesidades reales de las personas porque se están incumpliendo las leyes de protección a las personas migrantes y los refugiados.
