Los funcionarios de Justicia exigen que Sánchez solucione el conflicto laboral

Más de un centenar de funcionarios de Justicia de Balears, destinados en distintos juzgados de la isla, se concentraron esta mañana para protestar por la falta de acuerdo con el Ministerio de Justicia. La protesta se celebró frente a las puertas de los juzgados de Vía Alemania. La movilización laboral que mantiene la plantilla, que se mantiene desde hace más de un mes, ha supuesto la suspensión de más de 5.000 actuaciones judiciales. Los sindicatos convocantes de esta movilización amenazan con mantener una huelga indefinida a partir del próximo lunes, lo que supondría la paralización casi permanente de toda la actividad judicial de Balears.

Los funcionarios son muy críticos con la postura que mantiene el Ministerio que preside Pilar Llop, porque no está atendiendo las peticiones que reivindican los trabajadores de los juzgados. Y se quejan de que la ministra solo se ha preocupado por llegar a un acuerdo con jueces y fiscales, ofreciéndoles un aumento de las retribuciones económicas, después de que hubieran amenazado con la convocatoria de huelga, que de momento no se ha llevado a cabo.

Los funcionarios de Justicia creen que el Ministerio debe reconocerles la función específica que realiza cada trabajador del juzgado, a la vez que se le retribuya con un aumento salarial. La negociación entre el Ministerio y los representantes sindicales de las plantillas de funcionarios está en estos momentos rota, ya que ninguna de las partes acepta las propuestas que se han puesto sobre la mesa. Los funcionarios decidieron iniciar esta reivindicación laboral después del éxito que lograron los letrados de la administración de justicia, que consiguieron una subida salarial de alrededor de 400 euros al mes. Una subida que se logró tras una huelga que se prolongó durante más de dos meses.

Los representantes de los funcionarios judiciales de Mallorca exigieron ayer, durante la protesta, que sea el presidente Pedro Sánchez quien se implique directamente en el conflicto laboral, para conseguir llegar a un acuerdo. Consideran que el presidente debería obligar a la ministra de Justicia a que atienda a la amplia plantilla de trabajadores de justicia, ya que si no se llega a un acuerdo esta administración quedará paralizada. Recuerdan los funcionarios que los principales perjudicados por esta paralización son los ciudadanos, ya que muchos de ellos llevan meses esperando a recibir una citación judicial, o están pendientes de que el juzgado les resuelva un tema personal, y con esta situación todas estas actuaciones no se pueden llevar a cabo. Los funcionarios afirman que no van a cesar en sus reivindicaciones.