El Consell Escolar aprueba el decreto de educación inclusiva

El Consell Escolar ha aprobado esta semana un informe a favor del decreto de Inclusión planteado por la conselleria de Educación.

El documento, que lleva meses de trabajo detrás e incluye varias modificaciones respecto al borrador confeccionado por Educación, ha salido adelante con 25 votos a favor, once en contra y cinco abstenciones. El Consell Escolar enviará ahora el informe a la Conselleria, que decidirá si asume las propuestas de cambio planteadas por el órgano consultivo, cuyos informes no son vinculantes. Después la norma todavía deberá pasar por el Consultiu.

Para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) la aprobación del documento es un paso importante ya que, según su presidenta, Cristina Conti, el decreto de inclusión era «muy esperado» por parte de las familias, ya que hasta ahora solo podían apoyarse en una norma de menor rango «que todavía hablaba de ‘atención a la diversidad’ y no de ‘escuela inclusiva».

Pese al apoyo de la federación al documento, Conti asegura que lógicamente FAPA estará «vigilante» y apoyará a las familias «para garantizar que los derechos de los niños no se vean más vulnerados». La entidad valora que «lo más importante» del nuevo modelo de inclusión planteado es que cambia la manera de trabajar, centrándose no tanto en las capacidades de los niños sino «en las barreras que se encuentran para acceder a la educación». La idea es analizar el entorno y la formación del personal docente y no docente que ha de atender a estos estudiantes «y a partir de aquí trabajar para eliminar estas barreras».

El borrador del decreto generó críticas entre los sindicatos a su paso por la mesa sectorial, así como entre algunos padres de niños con discapacidad, que hicieron llegar a Educación alegaciones al considerar que no se estaba apostando por una auténtica inclusión.

En su momento el STEI, que ha votado en contra del informe del Consell Escolar y ha presentado un voto particular, criticó entre otras cosas la falta de una dotación de recursos y financiación explícita y que «supone una nueva carga de tareas, tanto pedagógicas como burocráticas, para el profesorado», que ya va «bastante saturado».