El juicio contra Penalva y Subirán arrancará el 5 de junio

Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán

Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán / B. RAMON

Redacción

El juicio contra el exjuez Penalva y el exfiscal Subirán, instructores del denominado caso Cursach, y los cuatro antiguos integrantes del grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía, irán a juicio el próximo día 5 de junio. Será el Tribunal Superior de Justicia de Balears el que celebre este juicio que, inicialmente, se prolongará hasta el día 14 de julio. Si estas fechas no fueran suficientes se retomará la vista a partir del día 4 de septiembre, con la intención de que concluya el día 22 del mismo mes. El proceso se celebrará en los juzgados de sa Guerreria.

Este calendario lo ha establecido el magistrado Diego Gómez Reino, que ha sido nombrado ponente de la sentencia. El tribunal lo presidirá el juez Antoni Capó y también formará parte la magistrada Felisa Vidal.

El magistrado dictó ayer un auto en el que acota las pruebas solicitadas por las partes que se enfrentarán en el juicio, es decir, acusación y defensa. Si bien rechaza una serie de testigos solicitados, sí se acepta que declaren el fiscal anticorrupción Juan Carrau, que ha tenido un papel muy activo en esta investigación, y el exjuez ya jubilado Miquel Florit, que fue quien ordenó la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas, una decisión polémica y que fue recientemente declarada ilegal por el mismo tribunal superior.

Y es que precisamente la nulidad de estos autos ordenando el espionaje de los periodistas será uno de los argumentos principales que utilizarán las defensas para pedir la nulidad de todo el proceso. Por esta razón, el juicio empezará con el planteamiento de las cuestiones previas, para el que el tribunal ha dedicado dos jornadas. Lo que deberán determinar los jueces es si el inicio de esta investigación fue irregular, esta ilegalidad también se extiende al resto del caso, como postulan las defensas, en contra del criterio de la fiscalía y de las acusaciones particulares. Una vez que se hayan planteado estas cuestiones previas, la Sala se reserva varios días para estudiar el caso y anunciar su decisión. El tribunal ha ordenado que se convoque a la fiscalía y a los letrados de los perjudicados y de los acusados a una reunión informal, para planificar y cerrar el calendario del juicio. Y, además, la Sala también requiere a las partes para que aporten un cálculo estimativo de las sesiones que consideran necesarias para abordar las cuestiones previas y el interrogatorio de acusados y testigos.

La fiscalía Anticorrupción atribuye a Penalva y a Subirán graves delitos durante la instrucción del caso Cursach y de las piezas derivadas. Se les acusa de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y detenciones ilegales. Para ambos funcionarios se les solicita penas que suman más de un siglo de cárcel, que son parecidas a las que también se reclaman contra los otros cuatro funcionarios de policía, que llevan más de cinco años suspendidos de empleo y sueldo. 

La defensa de los acusados dirige su estrategia en defender su actuación profesional en la instrucción del caso Cursach, en contra del criterio de las acusaciones que sostienen que se produjeron excesos y que se ordenaron ilegalmente ingresos en prisión. La defensa dedicará gran parte de su esfuerzo en desacreditar las conclusiones de los dos inspectores de Policía, que durante dos años se han dedicado, casi en exclusiva, a revisar toda la investigación que se realizó sobre los negocios de Cursach (que fue absuelto de todos los delitos), atribuyendo graves irregularidades al juez y al fiscal.

Los acusados han negado desde el primer momento que hubieran presionado, o coaccionado, a acusados o testigos, para que declararan en un determinado sentido. Y también defienden que todas las decisiones que se adoptaron estaban respaldadas por claros indicios, como por ejemplo las detenciones que se practicaron en el denominado caso ORA, que fue finalmente archivado. Penalva y Subirán también han venido reiteradamente quejándose de que la fiscalía se ha dedicado a filtrar datos sobre este caso cuando al mismo tiempo a ellos se les acusa de revelación de secretos durante la instrucción.

El exjuez y el exfiscal pidieron al tribunal poder declarar una vez que ya lo hubieran hecho todos los testigos y peritos que serán llamados a este juicio. Sin embargo, esta petición ha sido rechazada por el tribunal, que entiende que deben ser ellos dos los que inicien la fase del juicio, respondiendo a las preguntas que consideren que deben contestar. El tribunal deja claro en su resolución que en su labor de enjuiciar este caso no tendrá ninguna influencia el resultado final que tuvieron las investigaciones que impulsaron Penalva y Subirán, y los cuatro integrantes del grupo de Blanqueo de la Policía. Tampoco permite el TSJB que se utilice este juicio para cuestionar la labor que desarrolló la fiscalía en el juicio del caso Cursach, al rechazar la declaración de varios testigos que podrían haber aportado datos muy relevantes sobre el caso.