Aprobada la primera Iniciativa Legislativa Popular de la democracia

El Parlament dio ayer luz verde a la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprobada como ley en la historia de la democracia de Baleares, una iniciativa que ha sido impulsada por diversas entidades, lideradas por el GOB. La portavoz de los ecologistas, Margalida Ramis, intervino en la Cámara para celebrar la aprobación de una normativa que plantea la necesidad de contemplar el bienestar de las generaciones presentes y futuras: "El principal objetivo de esta ley", explicó, "es no poner en riesgo una vida digna, sana y próspera para generaciones presentes y futuras" en un tiempo en el que, destacó, "habrá que afrontar retos globales sin precedentes". La ILP contó con los votos favorables de los partidos del Pacte, además de por Més per Menorca.

Hay que recordar que la ILP aprobada llegó al Parlament tras haber logrado cerca de 12.000 firmas de personas y entidades que consideran que "en un tiempo de emergencias y urgencias, se necesitan nuevas maneras de hacer política". Esto, apunta Ramis, "ha permitido aprobar una ley que es un hito": "La tecnología, la economía de los mercados o el negacionismo no solucionarán la incertidumbre que trae consigo el calentamiento global, poner a las personas en el centro, sí".

El portavoz de Més, Josep Ferrà, considera que "aporta valor añadido a la democracia, complementándola y haciéndola más rica": "La aprobación de esta norma es positiva para quienes les preocupa que en los próximos comicios ustedes no tendrán 30 escaños, sino que necesitarán a Vox, un partido que ha dicho que, de gobernar, esta ILP será lo primero que eliminen en un Consell de Govern y que la vote Txapote".

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez defiende que la ley "pretende dar respuesta a la incertidumbre de un futuro cercano, marcado por los cambios irreversibles que supone el calentamiento global, que va aparejado a una emergencia ecosocial".

La socialista Pilar Carbonero asegura que, pese a las críticas de la derecha, esta ley "no retarda procedimientos, todo lo contrario" y, además, "es un hito, que convierte a Baleares en punta de lanza estatal, por ser una norma coherente e innovadora".

La iniciativa fue aprobada a pesar de las enmiendas de la oposición, algunas de ellas de supresión. La portavoz parlamentaria adjunta de El Pi, Maria Antònia Sureda, afirmó que su grupo valora como "muy positiva" la participación de la sociedad en esta ILP, con la que podrían estar de acuerdo "en el fondo y en la preocupación por el bienestar de las generaciones presentes y futuras". Sin embargo, se mostró contraria a "la creación de una comisión que analice el impacto de las leyes que apruebe el Parlament, porque podría suponer un aumento de la saturación de la Administración"; así como también a "la vinculación de las guías que emita esta comisión, según estaba previsto en el texto inicial aunque y que se ha limitado en el proceso parlamentario".

Por su parte, el diputado de Cs Jesús Méndez expresó que a su grupo "les encantan las iniciativas legislativas populares" aunque rechaza la del GOB porque "hay una fina línea que separa una idea virtuosa del fanatismo".

"A los proponentes de la ILP parece no servirles las soluciones europeas al calentamiento global y defienden un nuevo modelo de sociedad, que en vez de avanzar hacia el progreso, encaminan a la ciudadanía a un empobrecimiento, recorte de libertades, decrecimiento y guerras por una distribución de recursos mezquina. Pretenden pues, en definitiva, privatizar la conciencia de los legisladores, atacando la legitimidad de los procesos democráticos", criticó Méndez.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez también se congratuló de que se atienda esta iniciativa legislativa popular aunque la rechaza porque "intenta un complejo entramado con consejos y sanedrines, que son los que van a decir al Parlament sobre qué legislar y hasta donde pueden hacerlo y esto no es democracia".

El portavoz del PP, Toni Costa, explicó que su partido vota en contra de esta ley porque "si se quiere solucionar un problema, se nombra un responsable, y si se quiere que este perdure, una comisión" y esto, precisamente, "es lo que hace esta norma, aumentar la burocracia, cuando el PP defiende lo contrario, agilizar y desburocratizar la administración".