El alcalde de Ibiza insiste en rechazar un «modelo de gestión especulativo» en el Club Náutico

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, insiste en defender el interés general en la causa judicial abierta por el concurso para la adjudicación del espacio que gestiona desde hace casi cien años el Club Náutico Ibiza (CNI), el denominado caso Puertos.

La jueza que lo instruye, Martina Mora Torrens, del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma, solicitó el pasado 8 de marzo en un auto a la Fiscalía y a las partes personadas como acusación que indicaran, en un plazo de cinco días, en calidad de qué, si de investigado o como testigo, debe citar a declarar a Ruiz, como adelantó el digital eldiario.es.

En el mismo auto, también solicita lo mismo a las partes con respecto al empresario Jesús Díaz Barreiros; al expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) José Llorca Ortega; a Álvaro Sánchez Manzanares, que fue secretario general de Puertos del Estado, y a José Antonio Morillo Velarde del Peso, jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, matriz de las todas las autoridades portuarias que gestionan los puertos de interés general del país.

«Comunicaciones con Gual»

En su auto, la jueza explica con respecto a la citación del alcalde de Vila: «Visto que en las actas del consejo de administración de la APB relacionadas con la adjudicación investigada, constan intervenciones relevantes de Rafael Ruiz González como miembro [de este consejo], así como comunicaciones del mismo con el investigado Joan Gual de Torrella Guasp [expresidente de la APB] en relación a los hechos investigados, procede recibir declaración al mismo. Dese traslado al Ministerio Fiscal y acusaciones personadas a fin de que en el plazo de cinco días informen sobre la condición en que interesan sea oído[R uiz] y se resolverá».

La decisión de la jueza puede ser impugnada mediante la interposición de un recurso de reforma en el plazo de tres días.

Rafa Ruiz, preguntado ayer por el Diario de Ibiza-pertenece a Prensa Ibérica, igual que este rotativo- al respecto de este auto de la jueza, explicó a través de un comunicado: «Como alcalde de Ibiza, es mi obligación preocuparme del bien común de la ciudad y sin dudas es mucho el que aporta la náutica social en la ciudad y a sus ciudadanos».

Además, Ruiz recuerda el apoyo político e institucional que ha recibido el Club Náutico Ibiza: «Son diferentes iniciativas las aprobadas entre el Congreso de los Diputados, el Parlamento de las Islas Baleares y el pleno del ayuntamiento de Ibiza para defender el modelo de gestión de náutica social».

Ruiz añade que, «como alcalde, siempre he trabajado con las administraciones implicadas dentro del marco legal para mantener un modelo de gestión con finalidad social y valor deportivo en lugar de un modelo de gestión especulativo y sin valor social», en relación a la empresa que presentó la otra oferta y que no resultó elegida, Doce Millas, que es, junto a la Fiscalía, la otra parte denunciante.

«Amarres pequeños»

Este modelo, para el alcalde, debe «permitir amarres pequeños para la ciudadanía de Ibiza, para los llaüts y para pequeños veleros particulares».

Desde el Consistorio insistieron finalmente en que el alcalde, «siempre ha defendido el interés general y un modelo de ciudad en el que todas las infraestructuras y servicios estén al alcance de nuestra ciudadanía ».

Doce Millas recurrió la decisión de la APB de 2018 por la que se eligió el proyecto presentado por el Club Náutico Ibiza como el más idóneo para la reforma del espacio portuario que gestiona. Como representante de esta entidad figuraba Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, a quien curiosamente la APB solicitó un años después, cuando se planteó la posibilidad de prorrogar la concesión del CNI, un informe jurídico sobre la viabilidad de esta decisión. Concluyó entonces que el CNI no reunía los requisitos para ser considerado de interés estratégico y relevante y que, por tanto, no tenía derecho a una prórroga de su concesión.

La jueza ha decidido además prorrogar durante un mes más, hasta el 8 de abril de 2023, «el secreto total de las actuaciones para todas las partes, salvo el Ministerio Fiscal». Todo ello «sin perjuicio de ulteriores prórrogas».

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