El Govern ya avala hasta el 20% del valor de las viviendas que no cuesten más de 270.000 euros

El programa ha sido suscrito hoy por CaixaBank, Caixa Colonya y Cajamar

Acto de firma del acuerdo entre Govern, entidades financieras y Cámara de Comercio.

Acto de firma del acuerdo entre Govern, entidades financieras y Cámara de Comercio. / CAIB

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Los residentes en Baleares que deseen adquirir su primera vivienda y su precio no supere los 270.151 euros lo van a tener a partir de ahora más fácil para acceder a una hipoteca, al avalar el Govern hasta el 20% del valor del inmueble, según ha puesto de relieve esta mañana la presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armegol, durante la firma del programa Garantía Hipoteca IBAVI, en el que de momento participan CaixaBank, Caixa Colonya y Cajamar, además de contar con la colaboración de la Cámara de Comercio.

Las condiciones para acceder a esta ayuda, además del citado tope máximo en el valor de la vivienda, es que el comprador lleve al menos cinco años residiendo en las islas, que no disponga de otras propiedades inmobiliarias y que sus ingresos anuales no superen los 57.117 euros si se trata de una persona, o los 64.257 si son dos o más.

El sistema que se ha diseñado supone que la entidad financiera que participa en este programa deberá estudiar la petición de la hipoteca para determinar si cumple sus requisitos de riesgo, sabiendo que el Govern va a avalar hasta el 20% del valor de la misma, de forma que se puede ampliar el importe del préstamo. En el caso de que el banco dé luz verde, la documentación se remitirá a la Cámara de Comercio, que analizará si se cumplen las condiciones marcadas, y en caso afirmativo el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) aprobará el correspondiente aval.

Hasta diciembre de 2014

La vigencia de este programa se mantendrá inicialmente hasta diciembre de 2024, y el presupuesto previsto es de 15 millones de euros, aunque se reconoce que existe voluntad de ampliar tanto el plazo como el importe si fuera necesario.

En el acto de firma han estado presentes, junto a Armengol, los consellers de Vivienda y de Hacienda, Josep Marí y Rosario Sánchez respectivamente; el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eduardo Soriano; la directora territorial de CaixaBank, María Cruz Rivera; el presidente de Caixa Colonya, Josep Antoni Cifre; y el director territorial de Cajamar, Jaume Julià.

Francina Armengol ha agradecido especialmente a estas tres entidades financieras que «no se pongan de perfil» a la hora de afrontar uno de los principales problemas de los baleares, como es el acceso a una vivienda, y ha invitado al resto de bancos a sumarse a esta iniciativa. Sobre este punto, Rosario Sánchez ha afirmado que hay entidades que están estudiando si se adhieren al programa.

El conseller Marí ha puesto de relieve que el límite máximo de 270.151 euros permite que puedan recibir esta ayuda buena parte de las viviendas de protección oficial que van a impulsar los promotores privados y también un porcentaje apreciable de las de segunda mano que se están adquiriendo en el archipiélago.

En este sentido, tanto Marí como Armengol han apuntado otras iniciativas que se han desarrollado por el Govern del Pacto para facilitar el acceso a una residencia, como el impulso a la edificación de VPO en alquiler por parte del IBAVI, las subvenciones al alquiler que se conceden, o el acuerdo conseguido con los promotores para actualizar el precio del módulo de vivienda protegida que se desarrolle desde el sector privado.

La presidenta balear ha respondido a las críticas lanzadas contra la política de Govern por el sector constructor insistiendo en que el objetivo es aumentar la vivienda asequible y no centrar el crecimiento en el sector del lujo.

Un derecho y no para especular

La presidenta balear ha subrayado que estas iniciativas contemplan «la vivienda como un derecho de los ciudadanos, y no como un bien para especular».

Un aspecto destacado es que el aval del Govern no supone que el comprador no tenga que pagar ese 20% avalado, sino que es el Ejecutivo autonómico el que deberá en el futuro cubrir esa parte en los casos de morosidad, lo que da más garantías al banco para que autorice el préstamo.