«La energía renovable no tiene que ser una cuestión de clases», apuntó Josep Malagrava en las Jornadas de transición energética

La descarbonización de la economía es un desafío importante para Balears. La dependencia histórica de los combustibles fósiles ha generado importantes emisiones de gases de efecto invernadero y ha agravado la crisis climática. Este fue uno de los temas que se abordaron ayer en las Jornadas Transitar Hacia la Sostenibilidad organizadas por el consell Económico y Social de las islas.

Pau de Vílchez Moragues, presidente del Comité de Expertos para la Transición Energética y el Cambio Climático de las islas, fue uno de los ponentes que expresó su inmensa preocupación por llegar a puntos de no retorno. «En el último informe de El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), refleja que si la temperatura de la tierra aumenta un grado y medio habrá un 14% de especies en peligro de extinción, si se eleva un 3% habrá un 29% de especies en riesgo y si incrementase un 5% habrá un 48%, una de cada dos especies estaría amenazada».

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La ley que aprobó el Parlament del Cambio Climático y Transición Energética en 2019 tiene como objetivo que en 2030 en las islas el 35% de la energía tenga que ser renovable, reducir el consumo un 28% y disminuir las emisiones un 40%. Y para 2050 un 100% de las energías tienen que ser renovables en Balears, reducir el consumo de energía un 40% y disminuir las emisiones un 90%.

Para lograr esta transición hacia una economía baja en carbono, se necesitan cambios profundos. Esto implica invertir en energías renovables, reducir el uso de combustibles fósiles, aumentar la eficiencia energética y fomentar prácticas más sostenibles en todos los ámbitos.

«Para 2030 hay que reducir un 40% las emisiones, esto se consigue usando energías renovables como la instalación de parques fotovoltaicos, molinos u otras opciones no contaminantes. Por otro lado, la sociedad actual es hiperconsumista y necesitamos reducir el consumo de energía. La demanda de agua, la generación de residuos o bienes de consumo que generan los turistas es mucho mayor que de los residentes y esta es una realidad que tenemos en las islas y que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar cómo podemos reducir el consumo de energía por parte de los ciudadanos», indicó De Vílchez.

Asimismo, para poder llegar a los objetivos de 2030 «se tendrían que instalar unos 1.600 megavatios (MW) de energía renovable en las islas, sumando unos 600 MW de autoconsumo. A día de hoy en las Balears hay instalados 220 MW de energía renovable y 100 MW de autoconsumo», apuntó el director general de Energía y Cambio Climático del Govern, Josep Malagrava.

La ubicación de estas instalaciones es un tema controvertido, ya que optan por instalarlos en suelos rústicos y no todo el mundo está de acuerdo. «Se necesita ocupar más allá de cubiertas y aparcamientos. Se necesita usar suelo rústico pero siempre de forma correcta, ya que no se tiene que perder producción agraria. Sé que esto suele ser un tema polémico pero los terrenos que se usan suelen ser zonas no cultivables o en desuso», remarcó Malagrava.

En este sentido, es importante encontrar un equilibrio entre la necesidad de energía renovable para la protección del medio ambiente y los recursos agrarios de la región, subrayaron los ponentes.

Poder adquisitivo

Por otro lado, un punto que De Vílchez dio gran importancia fue la gran diferencia de poder adquisitivo que hay en España y cómo aquellos individuos que poseen mayores recursos también suelen ser los que generan una mayor huella ecológica.

«En España, per cápita, el 10% más rico contamina cinco veces más que el 50% de la población más pobre. Esto hace que haya un desequilibrio, no se le puede exigir lo mismo a alguien con un poder adquisitivo alto a uno bajo, por lo que habría que crear políticas fiscales para toda esta gente con tantos recursos», matizó De Vílchez.

En esta misma línea Malagrava indicó que «la energía renovable no tiene que ser una cuestión de clases. Dentro de la ley, todos los parques que tienen más de 5MW tienen que ofrecer su 20% de sociedad vehicular a participación local, es decir, la gente puede tener participaciones sobre un parque fotovoltaico, de esta forma se genera un vínculo».