Podemos avisa: «Volver al Código Penal de la Manada es retroceder»

La discusión sobre la ley del ‘solo sí es sí’ y sus consecuencias se ha instalado en el debate público desde que se produjeron las primeras rebajas de penas. Hasta llegar al Parlament. El Partido Popular presentó una Proposición No de Ley para exigir que tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, «rectifiquen y sean cesadas», que fue rechazada ayer con los votos en contra del Pacto. Aunque más allá de las críticas de los ‘populares’ la norma ha evidenciado el distanciamiento y la desconfianza con esta norma entre los partidos, principalmente PSIB y Unidas Podemos.

Silvia Cano, portavoz adjunta de los socialistas y secretaria de Igualdad del partido, asegura que «nos hacemos cargo de esta situación para reformar los efectos indeseados de esta ley y entendemos la preocupación social y estamos al lado de las víctimas» y confiesa que la ley «no ha ido como nos hubiera gustado». Además manifiesta que para el PSIB «impera el principio de realidad, de ahí la propuesta de mejora técnica para subir las penas a como estaban antes» y confiesa que las declaraciones de Rodríguez fueron «impropias y frívolas».

Este cambio de posicionamiento no gusta a sus socios de Unidas Podemos y la portavoz de los morados en el Parlament, Esperança Sans, se mostró muy crítica: «Volver al Código Penal de la Manada es retroceder en derechos. Mantendremos el consentimiento en el centro. La única pregunta que se debería responder ante un caso de violencia sexual es si había consentimiento, nada más importa».

En esta misma línea, Sans apunta que «estamos viviendo lo mismo que vivimos en 2004 cuando se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género, donde multitud de jueces elevaron cuestiones al Tribunal Constitucional por esta ley, y cuando se archivaron muchas denuncias sin un juicio. No se hizo entonces ningún paso atrás y a día de hoy sería impensable cuestionar esta ley». 

Desde Podemos ratifican que «no deja de ser chocante que haya jueces que sí apliquen la ley según lo que prevé el legislador, pero que una minoría no lo haga así. No tiene ni pies ni cabeza que una minoría de jueces no aplique los agravantes cuando hacen las revisiones».

Por su lado la diputada del PP Marga Duran fue muy dura en sus críticas a la ley y a los partidos del Gobierno. Recordó que los exministros Carmen Calvo y Juan Carlos Campo habían hecho objeciones para indicar que comportaría reducciones de penas «pero el Gobierno de Pedro Sánchez decidió seguir adelante con su soberbia, arrogancia y prepotencia». Los ‘populares’ tildan la norma de «chapuza jurídica» y cargan contra las dirigentes del ministerio de Igualdad: «Empezaron a insultar a los jueces diciendo que eran fachas, machistas, que aplicaban mal la ley y se tenían que formar, dejando en evidencia su sectarismo ideológico y su incompetencia».

Asimismo asevera que «ha quedado en evidencia la nula empatía con las víctimas y la total desinterés por lo que significa la revictimización de una mujer violada» porque, según defiende, Sánchez no ha decidido modificar la norma por alarma social o empatía, sino por alarma electoral y miedo a perder votos: «En lugar de poner excusas, hacer el ridículo y esperar a que la tormenta pasara tendrían que haber asumido su responsabilidad y modificar la ley al momento, pero Sánchez ha consentido que Pam se ría del dolor de las víctimas».

Pese a ello tanto PSIB como Podemos siguen defendiendo la ley porque pone el consentimiento «en el centro» después de las reivindicaciones del movimiento feminista tras el caso de la Manada y coinciden en que la estrategia del PP busca perjudicar y desgastar tanto al Gobierno como al Govern. «Siguen en una política flamígera, solo les interesa la igualdad si la pueden utilizar como elemento de confrontación o cuando cree que puede obtener rédito electoral», sentencia Cano.

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