La ley del ‘solo sí es sí’ rebaja las condenas de cuatro de cada diez violadores de Balears

La ley del ‘solo sí es sí’ ha beneficiado de momento a cuatro de cada diez agresores sexuales condenados en Balears. La Audiencia Provincial de Palma ha rebajado las penas en 39 de los 94 casos que ha estudiado hasta ahora, según el balance hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJB). Estas revisiones a la baja de las sentencias -casi todas recurridas por la Fiscalía- han supuesto la puesta en libertad inmediata de tres presos, pues con la nueva condena habían pasado ya en prisión más tiempo del debido. La Audiencia tiene todavía sobre la mesa un centenar de casos pendientes de análisis, por lo que el número de beneficiados podría ser mayor. El porcentaje de condenas reducidas en las islas se sitúa en la media de España, donde se han aplicado rebajas en el 35 por ciento de los casos estudiados, según los datos recopilados por la Cadena Ser en diez comunidades autónomas.

Las dos secciones penales de la Audiencia Provincial muestran llamativas diferencias entre ellas, ya que una de ellas ha recortado el doble que la otra. Los magistrados de la sección primera han revisado 60 casos. En 19 de ellos (31,6%) han considerado que debían aplicarse rebajas en las condenas, mientras en los otros 41 (68,3%) han rechazado esta posibilidad. Por el contrario, los jueces de la sección segunda han analizado 34 sentencias, con 20 reducciones de pena (58,8%) y 14 confirmaciones (41,2%). 

La reforma del Código Penal a raíz de la entrada en vigor el pasado 7 de octubre de Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como del ‘solo sí es sí’ e impulsada por el ministerio de Igualdad, elevó las penas para algunos delitos pero marcó límites inferiores para otros. La aplicación de estas rebajas ha provocado, además de un encendido enfrentamiento político, un debate jurídico todavía abierto. La Audiencia de Palma no ha sido ajena a esta controversia y los magistrados encargados de estos asuntos han mostrado posiciones enfrentadas, que parecen haberse trasladado a las resoluciones dictadas hasta el momento en las islas.

La Fiscalía de Balears se ha opuesto a la inmensa mayoría de las rebajas de condena y ha presentado recursos tanto ante Tribunal Superior de Justicia como ante el Tribunal Supremo, según explicaron ayer fuentes del ministerio público. De acuerdo con el criterio fijado por la Fiscalía General del Estado (FGE), en sus alegaciones sostiene que las penas deben quedar intactas si son aplicables con la nueva legislación. Solo ha dado el visto bueno a cinco de las 39 reducciones aplicadas hasta ahora. En tres de estos casos era «evidente» que debía aplicarse una reducción y en otros dos se consideró que eran asuntos «de poca importancia», explican las fuentes consultadas. 

90 asuntos por resolver

La Audiencia Provincial, que decidió revisar de oficio estos asuntos al entrar en vigor la reforma del Código Penal, tiene todavía cerca de un centenar de casos pendientes. En la sección primera aguardan 49 asuntos y en la segunda, otros 41. Los magistrados acordaron comenzar el proceso por aquellas causas en las que el condenado está cumpliendo condena en prisión.

Al margen de estos asuntos, en los que hay ya una resolución judicial firme, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Balears como el Tribunal Supremo tienen sobre la mesa recursos a sentencias de la Audiencia Provincial en los que, además de reclamar la absolución de los acusados, se plantean reducciones de condena por la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’. El pronunciamiento del Supremo sobre esta materia, que se esperaba con anhelo, no despejó demasiadas dudas. Cuando resolvió el recurso sobre el caso Arandina, incidió en que debe seguirse el principio general de aplicar la legislación más favorable al reo, pero puntualizó que debe ser estudiado «caso por caso» y no aplicando una norma general a las rebajas.

Las cifras de rebajas de condena a agresores sexuales en Balears son, en términos relativos, similares a las del resto de España. En el conjunto del país se han aplicado rebajas en el 35 por ciento de los casos analizados, de acuerdo con los datos recopilados por la Cadena Ser en otras diez comunidades autónomas. Agregando los datos del archipiélago, la estadística revela que se han revisado en total 744 sentencias condenatorias con 269 rebajas de pena y otras 475 confirmaciones. Estas cifras suponen un 36,1 por ciento de reducciones de condena en el conjunto de España, cuando en Balears es del 41,4%. Por comunidades, en Madrid se han aplicado descuentos en 41 de los 127 asuntos revisados; en Andalucía se han reducido 59 penas de las 170 sentencias analizadas; en el País Vasco han sido 46 reducciones de 104 casos; en Aragón solo se han recortado 9 de las 50 sentencias y en La Rioja, dos de los 55 casos.