Penalva, Subirán y los policías, a juicio con fianzas de 420.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dio ayer el último paso para juzgar el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro agentes del antiguo grupo de Blanqueo de la Policía Nacional por delitos cometidos durante la instrucción del caso Cursach. El magistrado Carlos Gómez, encargado de esta causa, dictó ayer el auto de apertura de juicio oral y fijó para ellos una fianza conjunta de 420.000 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones reclamadas por las acusaciones particulares. Sin embargo, consideró que los denunciantes no han acreditado de momento suficientemente sus reclamaciones económicas. Está previsto que el juicio se celebre en los próximos meses.

El auto sienta definitivamente en el banquillo a los seis acusados, procesados por delitos de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia. La Fiscalía Anticorrupción reclama por ellos elevadísimas condenas: 118 años de cárcel para Penalva, 122 para Subirán y entre 80 y 111 años para los policías. El ministerio público les imputa 27 filtraciones a periodistas de las pesquisas del caso Cursach y del caso ORA, así como una quincena de detenciones ilegales de funcionarios del ayuntamiento de Palma, empresarios y de los padres y el hermano del expolítico Álvaro Gijón. También les atribuyen varios episodios de presiones y amenazas a detenidos, investigados y testigos durante las investigaciones judiciales y policiales.

El TSJB declara ilegal el espionaje policial y judicial a periodistas por el caso Cursach

En la causa están personados como acusación particular varios de los investigados en esos procedimientos, como Bartolomé Cursach y el propio Álvaro Gijón, que reclaman también elevadas condenas de prisión y grandes indemnizaciones por los perjuicios sufridos.

En este sentido, Gómez fija en 420.000 euros la fianza que los seis acusados deben consignar antes del juicio para hacer frente a hipotéticas compensaciones en caso de condena. El juez rebaja las pretensiones de varios de los denunciantes sobre esta fianza al entender que no han justificado adecuadamente las cantidades que reclaman. Gijón, por ejemplo, pide 301.000 euros por el hecho de no haberse presentado a las elecciones entre 2019 y 2023 a raíz de la investigación contra él. El magistrado replica que «los avatares de la vida política hacen difíciles las prospecciones seguras en este ámbito y que el hecho de no ser elegido no implica que hubiera de quedar inactivo». También frena las pretensiones de tres policías locales que exigen en total dos millones de euros «por daños morales y reputacionales» al entender que no han aportado pruebas para justificar estos cálculos. Otro agente reclamaba 117.600 por los salarios que dejó de percibir al ser suspendido por su imputación en el caso Cursach, del que acabó absuelto, y el magistrado responde que esa cantidad debe ser restituida por la Administración.

Los acusados tienen cinco días para prestar estas fianzas antes de que se les embarguen bienes.