El Gobierno ensaya un precio límite entre los vuelos de Canarias y la península

Tras muchos intentos y dudas sobre su puesta en funcionamiento, Canarias logró ayer pactar con el Gobierno la limitación de los precios de los billetes aéreos en una de las conexiones con la península a través de una declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) que se pretende tener operativa para junio y por el periodo de un año. Se trata de un proyecto piloto con el que se pretende poner coto a la subida de tarifas sobre todo en los periodos vacacionales y de cuya operatividad dependerá que se extienda a otras conexiones entre las islas y el resto del territorio nacional.

El Gobierno canario ha llegado a este acuerdo con la secretaria general de Transportes del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo, y con el director general de Aviación Civil de este mismo departamento, David Benito Astudillo, en el marco del grupo de trabajo abierto en diciembre por ambas administraciones para tratar de impedir la subida de los precios de los billetes que se ha experimentado desde que en 2018 se amplió al 75 % la subvención al transporte aéreo para residentes.

El presupuesto estatal para el descuento aéreo sigue quedándose corto en 2023

La OSP se aplicaría a uno de los trayectos a la península, aún por determinar (podría ser en la ruta con Madrid) y con condiciones, como que haya varias compañías operando y que tenga un mínimo de viajeros, residentes y visitantes, y que no afecte a la competitividad de las compañías.

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Hay que recordar que ante los efectos no deseados que provocan las subvenciones al transporte aéreo de los residentes en los territorios extrapeninsulares se hicieron tres informes: uno de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), otro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el tercero de la Universidad Pompeu Fabra, este encargado por el ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos estaba al frente. ¿La causa? Que la factura para el Estado se disparó y hasta se dobló por la subida de los precios y el aumento de los viajeros y el Gobierno estaba haciendo frente a la situación con unos presupuestos congelados desde la Administración Rajoy, mientras el descuento de residente se había ampliado del 50 % al 75 %.

Ábalos había llegado decir en el Congreso que el Gobierno cruzaba datos con Hacienda para verificar «quiénes se benefician» de la bonificación y que no fueran «demasiado los mismos». Ante la polémica creada en los archipiélagos, el exministro acabo declarando que a pesar de los informes no cuestionaban la bonificación.

Ahora el Gobierno canario y Transportes pretenden explicar este proyecto piloto a las aerolíneas y otros ministerios implicados, sobre todo al de Economía, la CNMC y la Comisión Europea para que no se entienda como una injerencia o intervención del mercado del transporte aéreo y evitar pegas administrativas o recursos. A Bruselas se le explicará que «es una medida razonable que está dentro de la legislación europea» asegura el consejero de Transportes canario, Sebastián Franquis.