Sindicatos y familias critican el decreto de Educación Inclusiva

Sindicatos y algunas familias han expresado su preocupación (o su rechazo, directamente) por el futuro decreto de Educación Inclusiva que prevé aprobar la conselleria de Educación. El borrador ya pasó por Mesa Sectorial, donde fue rechazado por la mayoría de sindicatos, y en el Consell Escolar ha cosechado enmiendas a la totalidad como la del STEI, que exige su retirada y una nueva negociación. 

La fuerza sindical mayoritaria en la red pública aseguró ayer valorar «el esfuerzo» de Educación pero considera que el decreto no se ajusta a la Ley de Educación de las Illes Balears (LEIB). «No dispone de memoria económica y, con el presupuesto actual de educación», señaló la entidad en un comunicado, «no se avanza hacia el 5% de inversión en educación que prevé la ley autonómica». 

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Además, el STEI recordó que Conselleria no aceptó «ni una» de las aportaciones que presentaron los sindicatos en la Mesa Sectorial del pasado 22 de diciembre.

El borrador actual, denuncian, «supone una nueva carga de tareas, tanto pedagógicas como burocráticas, para el profesorado», que ya va «bastante saturado», aseguran. Asimismo, lamentan que no haya un compromiso de financiación y una dotación de recursos explícita. 

Según el sindicato, otro aspecto que no se ajusta a la LEIB es no se hace «ninguna referencia a la necesidad de reducir las ratios», una condición «imprescindible para una buena atención a la diversidad». Y la reducción de ratios que prevé la ley autonómica es «del todo insuficiente», indicó el STEI, que también criticó que en el borrador se inste a los centros «a hacer un uso eficiente” de los recursos asignados, «una acusación muy grave» según el sindicato hacia los equipos directivos, como «si ahora no hicieran un uso ajustado de la dotación recibida». 

Asimismo, ANPE lamenta la «falta de información» sobre cómo este nuevo decreto puede afectar a los equipos de refuerzo «ya que no especifican aspectos esenciales que pretenden regular en posteriores órdenes y normativas», ha denunciado el sindicato, que ve «esencial» el trabajo de los maestros de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Atención a la Diversidad por lo que no aceptará ningún ajuste de estas plantillas.

El borrador tampoco ha gustado a un grupo de familias de niños con discapacidad, que hace años que lucha por una auténtica escuela inclusiva. Presentaron alegaciones al considerar que se siguen incumpliendo los compromisos de España en esta cuestión y criticaron que el decreto señale que se busca lograr la modalidad «más inclusiva posible», cuando en este tema, sostienen, «no hay matices: o hay sistema de escolarización ordinario o hay discriminación». 

Estas familias ven incongruente que el decreto «justifique la existencia de escuelas especiales, aulas especificas, y modalidad de escolarización combinada» y reclaman medidas concretas para garantizar la inclusión, como más recursos, más formación, ratios más bajas o más transparencia y mejor comunicación entre familias, orientadores, inspectores y directores.

Contrario a la ley autonómica (LEIB)

La fuerza sindical mayoritaria en la enseñanza pública ha presentado una enmienda de supresión a la totalidad. El STEI ha asegurado valorar "el esfuerzo" de la Administración educativa para elaborar este decreto pero considera que no se ajusta a la Ley de Educación de las Islas Baleares (LEIB).

No dispone de una memoria económica y, con el presupuesto actual de educación, ha señalado la entidad en un comunicado, "no se avanza hacia el 5% de inversión en educación que prevé la ley autonómica".

Además, ha querido poner de manifiesto que la Conselleria no aceptó "ni una" de las aportaciones que presentaron los sindicatos en la Mesa Sectorial del pasado 22 de diciembre, "una muestra más de la falta de negociación" ante esta nueva normativa. Ya en esa ocasión el sindicato votó en contra del Decreto.

El borrador actual, denuncian, "supone una nueva carga de tareas, tanto pedagógicas como burocráticas, para el profesorado", que ya va "bastante saturado". Asimismo, lamentan que no haya un compromiso de financiación y una dotación de recursos explícita por parte de la Administración, "una carencia de concreción tangible y medible de las acciones que se atribuyen a la Conselleria".

Según el sindicato, otro aspecto que no se ajusta a la LEIB de este futuro decreto es que habla de educación inclusiva "sin hacer ninguna referencia a la necesidad de reducir las ratios", una condición que el STEI considera "imprescindible para una buena atención a la diversidad". Además, cómo ha manifestado el sindicato en numerosas ocasiones, la propuesta de reducción de ratios que contempla la ley autonómica de educación es "del todo insuficiente".

La fuerza sindical también critica que en un apartado del borrador se llama a los centros "a hacer un uso eficiente” de los recursos asignados, frase en la que el STEI ve "una acusación muy grave" hacia los equipos directivos y los profesores, como "si no hicieran un uso esmerado de la dotación recibida por parte de Educación".

Por todo esto, el STEI Intersindical ha solicitado la retirada del Decreto de educación inclusiva y la apertura de un nuevo proceso de negociación, para que el documento cuente con un consenso más grande por parte de la comunidad educativa.

Alegaciones por parte de las familias

El borrador de decreto tampoco gustó a un grupo de familias de niños con discapacidad, que hace años que luchan por conseguir una auténtica escuela inclusiva. Estas familias también presentaron alegaciones al proyecto en la Conselleria, al considerar que no es una apuesta real por la inclusión y que se siguen incumpliendo los compromisos de España en esta materia, así como las recomendaciones hechas desde la ONU en este sentido.  Estos padres criticaron entre otras cosas que el propio decreto hable de lograr la modalidad "más inclusiva posible", cuando en este tema, argumentan, "no hay matices: o hay sistema de escolarización ordinario o hay discriminación".

Este grupo de familias considera incongruente que un decreto de inclusión "justifique la existencia de escuelas especiales, aulas especificas, y modalidad de escolarización combinada". En sus alegaciones, las familias reclamaron varias medidas concretas para garantizar la inclusión, pasando por más recursos, más formación, ratios más bajas o más transparencia y mejor comunicación entre familias, orientadores, inspectores y directores.

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