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Anticorrupción exige a Salud un protocolo de vacunación de cargos

Recomendaciones tras el archivo de la investigación por la inmunización de dirigentes del IB-Salut saltándose el orden - El Govern tiene tres meses para presentar el cumplimiento de las medidas

El director de la Oficina Anticorrupción de Balears, Cristòfol Milán. E.P.

La Oficina de Lucha Anticorrupción decidió el pasado mes de agosto archivar la investigación por presuntas irregularidades en la vacunación de más de 60 altos cargos que se saltaron el orden establecido por el Ministerio, entre ellos una docena de dirigentes del IB-Salut y del Consell. No obstante, en el archivo de la investigación que se ha remitido a la conselleria de Salud del Govern se le exige que ponga en marcha un protocolo para evitar que se vuelva a generar la controversia de diciembre de 2020.

Era la Navidad de hace dos años cuando un grupo de altos cargos fueron vacunados en la residencia de ancianos Oms/Sant Miquel el primer día de la llegada de las vacunas contra la covid. Aquel día, tal y como establecía la orden del Ministerio de Sanidad en plena pandemia, solo podían vacunarse usuarios y personal de residencias de ancianos.

El director de la Oficina de Lucha contra la Corrupción, Tòfol Milán, reveló en el programa de IB3-Ràdio Entre avui i demà el archivo de la causa contra los altos cargos vacunados. Asimismo, explicó que le dieron tres meses a la conselleria de Salud para que aplique las recomendaciones a seguir tras el sobreseimiento de las diligencias.

La Oficina Anticorrupción, por ley, no puede hacer públicos sus informes y por ello no sabremos el contenido íntegro del escrito enviado a Salud con las recomendaciones. Tendremos un resumen del mismo cuando se presente la memoria en marzo.

No obstante, según ha podido saber este periódico, una de las recomendaciones más importantes que Anticorrupción exige a Salud es que elabore un protocolo para que no vuelva a ocurrir lo acontecido con la vacunación de los cargos públicos o similares en situaciones parecidas.

La Oficina Anticorrupción archivó el caso de la vacunación a mediados de febrero de 2022 por defectos de forma y anomalías en la notificación a los investigados. No obstante, en abril del mismo año el organismo decidió reabrir los casos de la directora de Gent Gran del Consell y ahora presidenta del IMAS, Sofía Alonso; del Gerente de Atención Primaria, Miquel Caldentey, y de la edil de Pollença, Francisca Cerdà. En estos tres casos argumentaba que «las acciones investigadas no han prescrito» y que en esta situación la ley obliga a «iniciar un nuevo expediente de investigación».

Todo ello ocurría tras la marcha del anterior director de Anticorrupción, Jaume Far, que había tenido más de un rifirrafe con el Govern por sus investigaciones, como eran la de las vacunas o su informe sobre las compras exprés durante la pandemia.

A finales del mes de agosto se archivaron definitivamente las pesquisas de Anticorrupción alegando que no habían detectado irregularidades. No obstante, sí que meses más tarde remitía un escrito de recomendaciones a la conselleria de Salud para evitar que situaciones como la de la vacunación de altos cargos, alegando que las vacunas se iban a desechar, no vuelva a ocurrir y se tomen medidas alterativas y planes de previsión.

Reunión de las Oficinas de toda España

Las agencias anticorrupción de España se reunieron el miércoles en Palma para analizar la transposición de la nueva normativa europea de este tipo de organismo en una nueva ley que deberá impulsar el Congreso de los Diputados.

El encuentro tuvo lugar en el Parlament y vendrán los organismos antifraude de Navarra, Valencia, Cataluña, Andalucía y la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Balears.

Entre otras cuestiones se analizaron la defensa del denunciante y el procedimiento de las denuncias anónimas. Asimismo, les atribuyen nuevas competencias a los organismo autonómicos contra la corrupción, como es el caso de poder investigar a entidades privadas.

Además, obliga a estos organismos a iniciar la investigación cuando reciban una denuncia de presunta corrupción. Ahora se realiza un análisis de veracidad de la denuncia antes de iniciar las pesquisas.

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