El PP propone que el Govern asuma el coste del alquiler en caso de impago

El Partido Popular de Baleares propone que el Govern asuma el gasto del alquiler en caso de impago por parte del arrendatario mientras se encuentra una solución. La presidenta del partido, Marga Prohens, asegura que se debe dar "seguridad" a los propietarios para que saquen al mercado sus viviendas vacías "sin intervencionismo ni obligaciones". Enfatiza que el programa de alquiler seguro que proponen permitiría acceder a una vivienda a un precio razonable "con todas las garantías".

Se trataría por tanto de una intermediación del Govern entre propietarios y personas que buscan piso para alquilar, donde los primeros puedan adherirse al poner en alquiler su vivienda a precios razonables "con el atractivo de tener garantías de cobro, de que se rehabilita para su alquiler y de poder recuperarlo en buen estado”.

En caso de que los propietarios reciban de vuelta el inmueble en mal estado, apuestan por que sea el Ejecutivo balear quien se encargue de que sea devuelto tal y como lo entregaron, siempre que exista un compromiso de alquilarlo durante varios años. El objetivo, afirma, es que "no tengan miedo a poder rescindir un contrato cuando hay un impago".

Asimismo critica al Govern por "no pensar en el propietario" y propone incentivos fiscales como la rebaja del IRPF para quienes pongan vivienda en el mercado de larga duración. En esta misma línea, reivindica la colaboración público-privada con la cesión de solares del Govern para construir viviendas para alquiler a precio máximo.

La limitación a los no residentes es "un engaño"

La presidenta de los 'populares' afirma que la limitación a la compra de viviendas por parte de no residentes que propone el Govern es "un engaño y un ataque a la propiedad privada" y critica al Pacto por "no reconocer que se han equivocado con sus políticas intervencionistas". Además, enfatiza que "solo buscan culpables externos" y hablan del problema de la vivienda "como si no hubieran gobernado estos ocho años". Prohens añade que "no es lo mismo una vivienda en la Serra de Tramuntana que en el Eixample de Palma" y carga contra los partidos de izquierdas por querer establecer a quién pueden vender sus propiedades y a qué precio: "El derecho constitucional a tener una vivienda digna no esta regido por el derecho constitucional de la propiedad privada".

En este sentido, manifiesta que la reducción de 10 a 5 viviendas para ser considerado gran tenedor acabará afectando en un futuro a "aquellos que tienen 3 o incluso 2 propiedades". Y pone como ejemplo que un propietario con cinco viviendas de 80 metros cuadrados será considerado gran tenedor mientras que otro con tres inmuebles de lujo en Son Vida no será considerado gran tenedor: "Se castiga al pequeño propietario que ha conservado sus tierras y ahora pueden perder todo su valor, es un ataque directo a la idiosincrasia de estas islas que acabará con el empobrecimiento del PIB de estas islas y con la devaluación de la propiedad privada".