Un peluquero culpa al Govern de las pérdidas económicas en la pandemia

El propietario de dos conocidas peluquerías ubicadas en el término de Marratxí ha presentado una demanda patrimonial contra el Govern balear, al que responsabiliza de las pérdidas económicas sufridas durante la pandemia sanitaria. Unos perjuicios que cuantifica en 700.000 euros, que es la indemnización que reclama al Ejecutivo balear.

Esta demanda se está tramitando en los juzgados administrativos de Palma. Dentro de la tramitación se ha solicitado el oportuno dictamen al Consell Consultiu, que llega a la conclusión de que no debe ser el Govern el que abone estas pérdidas, debido a que las limitaciones que impuso durante la pandemia respondía a razones sanitarias para intentar controlar los contagios. Este dictamen, en cualquier caso, no es vinculante.

El empresario defiende en su demanda que, pese a que su negocio no fue cerrado durante los meses de confinamiento, al considerarse una actividad fundamental, las pérdidas económicas que amasó fueron muy elevadas. Aunque mantuviera abiertos los dos negocios de peluquería durante los tres meses de confinamiento, esta situación sanitaria redujo de una forma drástica su clientela. Incide en que se perdieron clientes, que no fueron sustituidos por otros nuevos.

También incide en que las medidas sanitarias que adoptó el Govern, fijando limitaciones en el desarrollo comercial, tampoco ayudaron a superar la situación económica. El empresario insiste en que las distintas normas, como por ejemplo los toques de queda, las restricciones de aforo o las limitaciones de horario, ocasionaron un perjuicio directo al negocio que dirige.

Para fijar la indemnización que reclama a la Administración, el empresario de la peluquería acompaña la demanda con un informe pericial. En este documento aparecen explicados los resultados económicos que obtuvo este negocio el año anterior a la pandemia y los que logró durante el año de limitaciones sanitarias.

Como era lógico el Govern rechazó esta demanda económica y defendió que las limitaciones que se impuso durante la crisis de la pandemia respondían a criterios de expertos médicos, justificadas por razones de salud públicas. Es decir, no fueron decisiones adoptadas sin razón, sino porque se pretendía controlar el virus, para que no se extendiera entre la población.

El Consell Consultiu, en este caso, apoya al Govern, en cuanto que entiende que no puede asumir la responsabilidad de una serie de medidas, como por ejemplo el confinamiento, que fue ordenado por el Gobierno nacional.

También se interpreta que el Govern de Armengol contaba con una cobertura normativa que le permitía adoptar este tipo de medias. Limitaciones, además, que fueron después bendecidas por los tribunales.

En el dictamen del Consultiu se incide que en algunas ocasiones, los perjuicios que ocasionan determinadas medidas impuestas por la administración, como es este caso, deben ser asumidos por los propios perjudicados.

Esta demanda continúa con su tramitación judicial y se está a la espera de que el magistrado la resuelva.

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