El 95% de los autónomos de Baleares afrontó aumento de gastos

La asociación ATA subraya que un tercio del colectivo no subió precios pese al impacto de la inflación

María Rosario Rodríguez, Luis García Sánchez, José Antonio Roselló y Felipe Bravo. | CAEB

María Rosario Rodríguez, Luis García Sánchez, José Antonio Roselló y Felipe Bravo. | CAEB / Efe. Palma

Efe. Palma

El 95% de autónomos de Balears vio incrementados los gastos de su actividad durante 2022 y, sin embargo, uno de cada tres no subió precios, según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA).

A lo largo de 2022 el 62,2% de los autónomos pudo mantener su negocio y no registró descensos en su actividad, mientras que sólo el 9,2% se vio obligado a reducir plantilla.

El salón de actos de la patronal CAEB acogió ayer una jornada dedicada a los cambios normativos que afectan a los autónomos, que suman más de 90.000 en el archipiélago, según explicó esta organización empresarial.

El vicepresidente de CAEB, José Antonio Roselló, encargado de introducir el coloquio, destacó que Balears, junto con Canarias, Madrid, Valencia y Andalucía, fue una de las cinco comunidades que en 2022 sumó más autónomos, con un incremento interanual el 1,9%, mientras en el conjunto de España se perdieron 1.204 autónomos, el peor dato desde 2012.

Durante la jornada en la sede de la CAEB, los participantes en el coloquio abordaron las modificaciones introducidas en el Real Decreto Ley 13/2022 de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.

Desde CAEB se recordó que, hasta ahora, el trabajador autónomo podía elegir su base de cotización con independencia de los rendimientos que pudiera obtener de su actividad, lo que derivó en que alrededor de un 80% de los trabajadores por cuenta propia optasen por la base mínima de cotización.

La reforma analizada ayer en Palma persigue la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, incorporando, en el marco del diálogo social, medidas para que las bases de cotización se atengan a los rendimientos efectivamente obtenidos por la persona trabajadora.