Los migrantes denuncian explotación laboral y exclusión por el colapso de Extranjería

«Constato que no se habla con seriedad el tema de la inmigración. Decimos que somos una sociedad muy moderna y avanzada, pero aquí tienes a un montón de personas en situación irregular y expuestas a todo tipo de abusos y todo el mundo hace la vista gorda. Falta una atención humanitaria adecuada porque sin eso, no podemos hablar de integración. ¿Qué integración va a haber si no me puedo empadronar o votar a mi alcalde como sí puede hacer mi vecino?», reflexiona Mustafa Boulharrak, presidente de la Asociación de Marroquíes en Baleares ‘Al Magreb’.

Representantes de los migrantes extranjeros en Balears —se estima que ya son el 30% de la población— y expertos alzan la voz contra el atasco de la Oficina de Extranjería de Palma que empuja a muchos de estos ciudadanos a un bucle de desesperación, estafas, abusos laborales y exclusión social. El aumento de inmigración con destino al archipiélago y la falta de funcionarios que quieran desplazarse a un isla tan cara como Mallorca explican en parte el taponamiento en Extranjería, administración dependiente del Estado. Pero la problemática, denuncian los inmigrantes, también se extiende a un buen número de ayuntamientos de la isla que se niegan a conceder empadronamientos. Y a un sistema de cita previa solo accesible si pagan a un gestor o un abogado.

Se estima que en las islas hay unas 30.000 personas en situación irregular, una cifra que va en aumento y que multiplica el trabajo en la Oficina de Extranjería de Nou Llevant. En 2018 una veintena de asociaciones de inmigrantes se unieron en una plataforma para reclamar cambios a la Delegación del Gobierno en Balears pero, lamentan, sin ningún éxito.

«La administración está obligada por ley a facilitar a los ciudadanos el acceso a los trámites, y de forma gratuita. Pero incumple su propia normativa cuando elimina las citas telefónicas o presenciales, y solo te permite hacerlo vía telemática con un programa llamado Mercurio que nunca da citas, da igual a la hora que entres. Así que si quieres empezar a regularizar tu situación y solicitar el permiso de residencia tienes que ir a una gestor o a un abogado que, ellos sí, pueden hacer el trámite en pocos días», lamenta Faruk Pino, presidente de la Asociación Bolivia Centro Social (BOCES) de Mallorca.

«Si ese profesional es honesto, la gestión te saldrá por entre 200 o 250 euros. Si es deshonesto y estás desesperado, mucho más. Yo no conozco a nadie que haya pagado menos de 300 euros en una gestoría solo por empezar a tramitar una tarjeta de residencia», subraya Pino.

La solicitud de ese arraigo —los requisitos son haber residido al menos durante tres años en la isla de forma continuada y tener una oferta laboral— es a menudo un obstáculo insalvable, salvo que el migrante se rasque el bolsillo. «Durante esos tres primeros años están trabajando en el mercado negro, expuestos a todo tipo de abusos laborales, y cuando les llega el momento de regularizarse, todo son impedimentos. Y es absurdo porque si se legalizan pagan impuestos y cotizan, y eso suponen ingresos para la Seguridad Social. Todo el mundo gana y ellos evitan situaciones de sobreexplotación», valora Boulharrak.

Un largo viaje

Cheikh Ngalgou, presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Baleares, advierte sobre las serias dificultades que afrontan sus compatriotas en una isla en la que tienen que empezar de cero; a la barrera del idioma se suma el hecho de que llegan sin documentos que acrediten su origen para que las autoridades no les puedan deportar. La mayor parte de entre los siete mil y diez mil senegaleses que residen en Mallorca iniciaron su viaje en patera desde África a Canarias, y desde allí a la península y Balears.

«Trabajo como metre en un hotel y este años hemos tenido unos problemas increíbles para encontrar mano de obra. ¿Por qué hay tantos problemas para regularizar a los inmigrantes cuando faltan tantos trabajadores?. Los jóvenes que llegan levantan la economía y pagan las pensiones. Las autoridades saben en qué medida estamos aportando a la economía de este país. Y no competimos con los españoles por un puesto de trabajo, cogemos los que ellos no quieren», relata Ngalgou.

«El 30% de la población balear es inmigrante y eso puede explicar el colapso que hay en Extranjería. Falta personal para tanta demanda y eso lo entendemos, pero en una situación especial, tienes que tomar medidas especiales», reclama, al tiempo que pone el acento en una dificultad añadida para sus compatriotas. «A los tres años puedes solicitar la residencia, pero si no tienes antecedentes policiales o judiciales. Y la mayoría de los senegaleses al llegar aquí se dedican a la venta ambulante, lo que significa que si la policía te coge con una marca falsificada te abren un expediente por un delito contra la propiedad industrial. Y eso complica todavía más regularizar tu situación», lamenta Ngalgou.

Carolina Quintana, abogada especialista en Extranjería, también habla de un proceso de regularización largo y viciado desde el primer momento porque necesitan una oferta laboral y por tanto están en manos de un empresario. «Eso genera desigualdad y se abona el terreno a la vulneración de derechos laborales porque tu empleador está en una posición de poder. La realidad es que la gran mayoría de migrantes no tiene la correspondiente autorización de trabajo cuando llegan y están a expensas de ese empresario para el que ya ha trabajado de manera irregular durante los primeros tres años», advierte esta experta. «Y hay personas que se cruzan con empresarios que abusan de esa situación, pagándoles menos o haciéndoles trabajar más horas a cambio de la promesa de ese contrato», añade.

Tramitar ese primer arraigo se prolonga durante «más de ocho meses», tiempo en el que el inmigrante permanece en un limbo legal. «Sigue trabajando de manera irregular, con las condiciones que marque el empresario. Imagina que te ofrece trabajar diez horas por 900 euros, pues lo tienes que aceptar porque no tienes otra cosa y tu regularización depende de ello. También hay empleadores honestos que ponen todo de su parte, pero el proceso es tan largo que cuando ha finalizado, ese hotel o restaurante habrá cerrado porque la temporada ha acabado», subraya Quintana.

«Llevo a una chica que estuvo tres años trabajando para una mujer y ahora que puede solicitar el arraigo social no le quiere hacer un contrato», indica la abogada.

Retrasos de meses y años

El atasco en Extranjería alcanza a todo tipo de trámites, también a la solicitud de reagrupación familiar o a la renovación del permiso de residencia. «Eso lo puedes solicitar en cualquier registro público, pero la respuesta tarda seis meses, un año o más. Y durante ese tiempo el banco te puede cancelar la cuenta, además de que no puedes acceder a la mayoría de trámites y servicios. Y tu empresario te puede despedir aunque en teoría la ley lo prohíbe hasta que haya una resolución oficial de esa solicitud», argumenta Boulharrak, que estima que en Balears residen en torno a 45.000 marroquíes.

Pino señala que la tardanza para conseguir la documentación tiene un coste personal muy elevado. «Conozco a gente que hizo la solicitud en 2016 y está recibiendo las tarjetas de residencia ahora. Así que te quedas en u limbo de años en el que pierdes trabajos, contratos y puedes entrar en una situación de exclusión social», destaca.

Ngalgou recuerda que la problemática va más allá de trámites administrativos: «La inmigración existirá mientras Occidente y las multinacionales sigan saqueando los recursos de los países pobres».

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