Plataforma per la Llengua ha denunciado que un agente de la Guardia Civil discriminó este verano a un motorista en la carretera de Artà a Capdepera y le exigió que le hablara en castellano.

La entidad ha recibido la queja del motorista, que fue parado y multado por, supuestamente, circular a una velocidad demasiada baja. Plataforma per la Llengua publica ahora la grabación del audio que evidencia que el guardia civil le quiso imponer el castellano, cuestionó la oficialidad del catalán y amenazó con multarlo por faltarle al respeto porque el motorista le hablaba en catalán. La entidad asegura que está estudiando las acciones legales a emprender para perseguir la actitud discriminatoria del agente y que trabajará para defender los derechos lingüísticos del ciudadano. 

Los hechos denunciados se remontan al 26 de julio, cuando el hombre se desplazaba en motocicleta desde Artà hacia Capdepera y fue parado por una patrulla de la Guardia Civil cerca de una rotonda. Según relata el ciudadano, los agentes le comunicaron que lo tenían que multar porque circulaba a una velocidad inferior a la mínima permitida en la vía y cuando él les respondió en catalán, uno de los guardias civiles le exigió que le hablara en castellano. El motorista, que es funcionario y conoce sus derechos y deberes lingüísticos, mantuvo el catalán en la conversación y, después de un tira y afloja verbal, le pidió los papeles del vehículo. Es en este momento cuando la víctima pudo coger el teléfono móvil y ponerse a grabar la conversación que ha hecho pública la ONG. 

Como se puede escuchar en la grabación, el motorista recriminó a los agentes que no le podían multar porque, a pesar de ir a una velocidad inferior a la máxima, no circulaba por debajo de la mínima permitida, y ellos no tenían ninguna prueba para afirmar lo contrario. El ciudadano habló todo el rato en catalán y, otra vez, el agente le exigió que cambiase de lengua: "Le estoy pidiendo que me hable en castellano. Por educación", le dijo, y le invitó a abandonar "su mallorquín, por deferencia y educación, cuando alguien le hable en castellano". El motorista le recordó que el catalán es oficial en las Islas Baleares y el agente lo amenazó con multarlo por una "falta de respeto hacia los agentes de la autoridad", amparándose en la ley 4/2015, una ley que protege los agentes los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

El ciudadano le explicó que hablar en catalán no es ninguna falta de respeto, sino un derecho reconocido por el Estatuto de Autonomía y que tanto el castellano como el catalán son lenguas cooficiales. La adjetivación del catalán como lengua "cooficial" no gustó al agente, que saltó y dijo que "no", que "el castellano es la lengua oficial", una distinción que, según define la Plataforma per la Llengua, hace habitualmente "el nacionalismo español, que se niega a aceptar que la oficialidad de la lengua castellana se equipare a la de los otros idiomas autóctonos, los cuales considera inferiores". Viendo los conocimientos legales del motorista, el agente renunció a discutir y el ciudadano lo aprovechó para reprocharle que no supiera catalán si lo habían destinado a las Islas Baleares: "Yo me voy a la península, a hacer trabajo de funcionario a Madrid, y yo sé castellano. Si tú eres funcionario y te han traído aquí y no sabes catalán, no es mi problema", criticó. Finalmente, el ciudadano fue multado por los agentes porque circulaba por debajo de la velocidad mínima permitida a la carretera, sin ningún tipo de evidencia, según detalla la ONG. 

Plataforma por la Lengua está estudiando las mejores vías para perseguir la actitud discriminatoria del agente y para defender los derechos lingüísticos de este ciudadano. La entidad recuerda que el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares fija el catalán, junto con el castellano, como lengua oficial de este territorio y especifica que la catalana, además de ser oficial, es la lengua propia, uno de los "elementos identificadores de nuestra sociedad" y uno de los "elementos vertebradores de nuestra identidad".  

Para la ONG del catalán, si bien el Estatuto básico del empleado público no obliga individualmente los funcionarios estatales a saber catalán, sí que impone a la administración el deber de organizarse para que la atención en esta lengua esté disponible. La entidad recuerda que, en cualquier caso, ningún trabajador público tiene derecho de exigir a un ciudadano que no hable en una lengua oficial y considera propio de otra época la amenaza del agente de sancionar el motorista para "faltarle al respeto", por haberle hablado en catalán.  

Para la Plataforma por la Lengua, los hechos son contrarios en el artículo 104.1 de la Constitución española, que obliga los agentes a proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos, y en la Ley Orgánica 2/1986, que especifica que los agentes se tienen que adecuar al ordenamiento jurídico y tienen que evitar prácticas discriminatorias. Según el mismo régimen disciplinario de la Guardia Civil (Ley Orgánica 12/2007), la actitud de este agente puede ser sancionable, dado que la discriminación y el acoso por, entre otros, razón de lengua, es una infracción muy grave.