El Govern ha llevado ante la Justicia siete agresiones a docentes desde 2019

Seis de ellas son por coacciones, amenazas y lesiones contra profesores públicos en los que la Abogacía de la Comunidad los representa - El otro es el de La Salle, donde al ser un centro concertado el Ejecutivo ha presentado denuncia ante Fiscalía

En el IES Madina Mayurqa es donde tuvo lugar el acoso a una profesora por otro docente. | B.RAMON

En el IES Madina Mayurqa es donde tuvo lugar el acoso a una profesora por otro docente. | B.RAMON / Miquel Adrover

La docencia se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo. El goteo de amenazas, coacciones y agresiones físicas a profesores es constante y prueba de ello es que la Abogacía de la Comunidad ha puesto en manos de la Justicia siete casos de agresiones en los últimos tres años. Seis de ellas son a docentes de centros públicos, que como funcionarios los abogados del Govern los defienden en su causa contra los presuntos agresores. La otra es la de la profesora de catalán de La Salle y las amenazas de muerte recibidas por redes sociales a raíz del episodio de la bandera durante el Mundial de fútbol.

Desde la conselleria de Función Pública explicaron que en cuanto a las amenazas y coacciones a la profesora de La Salle de Palma, el Govern no puede representar a la profesora ante la Justicia para perseguir a los autores del delito. En este caso, el Ejecutivo a raíz del revuelo mediático y social ocasionado, se decidió por denunciar los hechos ante la Fiscalía de Balears.

Si lo ocurrido en la Salle conmocionó Mallorca durante unos días, con sectores de la ultraderecha alentando el acoso contra la docente por ser profesora de catalán y ordenar retirar una bandera de España que no estaba permitida aquel día al no haber partido, existen otros casos de graves agresiones o docentes en los que la Abogacía de la Comunidad está actuando.

Este mismo año una directora de un instituto de Palma recibió amenazas y coacciones por parte de la madre de un alumno al estar en desacuerdo con la expulsión de su hijo. De igual modo, en octubre de este mismo año, una madre esperó a la profesora de su hijo a la salida de un colegio del centro de Palma y la agredió en plena calle. La madre había denunciado un presunto caso de malos tratos contra el niño de seis años y decidió tomarse la justicia por su mano. Este caso se está dirimiendo en los juzgados. De igual modo, una madre tuvo que ir a juicio cuando en septiembre de 2020 acudió al instituto donde su hijo cursaba sus estudios. El menor había avisado a su madre de un problema con un profesor y decidió acudir al centro. En aquel momento, en plena pandemia de la covid, solo se podía acceder a los colegios con cita previa y la mujer superó al conserje y amenazó al director y al profesor. Estos hechos ocurrieron en el IES Ses Estacions de Palma.

Otro de los casos que obran en los archivos del Govern, donde ha tenido que poner a sus abogados para defender a profesores, ocurrió en un centro de Maó. En este caso fue la abuela y no la madre o el padre del alumno. La mujer fue acusada de amenazas leves a la directora del centro. La docente había citado a la familia para comunicar la expulsión del alumno por un acto de indisciplina grave y la abuela empezó a hablar de malos modos y amenazando a la directora. El juzgado de Menorca condenó a la abuela a pagar 135 euros.

Docente contra docente

No obstante, no solo se producen agresiones, amenazas o coacciones a los docentes por parte de familiares de los alumnos. Otro de los hechos donde ha intervenido la Abogacía del Govern hace referencia a un orientador del instituto Madina Mayurqa que fue condenado por acosar a una compañera, profesora del centro, insistiendo en que mantuvieran una relación. Le enviaba mensajes sobre su vida personal. La Audiencia Provincial condenó al orientador a diez meses de prisión por el acoso durante más de un año a la docente.

Por otra parte, los casos de agresiones de alumnos menores a profesores, como el de una docente que fue arrastrada por las escaleras, no llegan a la Justicia, ya que los menores de edad son imputables.

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