El Consell de Mallorca descarta reducir la parcela mínima para construir en suelo rústico

El pleno apoya una propuesta de El Pi para mantener las dos cuarteradas y acabar con el alud de solicitudes que las informaciones sobre nuevas restricciones habían generado

Pleno del Consell de Mallorca

Pleno del Consell de Mallorca / CM

Europa Press/Redacción

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves una iniciativa de El PI-Proposta per les Illes para mantener las dos cuarteradas de parcela mínima para construir en suelo rústico, según ha el partido regionalista.

"Queremos que se dé una seguridad a los propietarios de las fincas, que podrán construir como hasta ahora y rehuir de las inseguridades y el alud de solicitudes de obra que están llevando a cabo por los rumores de querer bajar esta parcela mínima", ha manifestado la portavoz de El Pi en el Consell, Xisca Mora.

Mora ha reivindicado que "los mallorquines deben poder hacer uso de sus fincas y construir su hogar". "De hecho, es necesario quitar trabas burocráticas que sólo se traducen en más dolor de cabezas para la ciudadanía", ha concluido.

Como publicó este diario el pasado mes de octubre, los partidos del pacto de izquierdas que apoya al Govern están negociando una reforma urbanística restrictiva de calado a nivel balear. Proponían acometer un frenazo considerable a la expansión de la construcción en suelo rústico y acabar con los grandes chalés y las mansiones en zonas residenciales. El objetivo era conseguir que en los nuevos desarrollos urbanos se apueste por núcleos más poblados con un mayor número de viviendas asequibles.

La propuesta la presentó Més per Mallorca, formación que gestiona ordenación del territorio en el Govern. Su objetivo era modificar hasta cinco normas para acometer estos cambios urbanísticos: la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO), Ley de Urbanismo, la Ley de Espacios Naturales (LEN), Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y Ley Suelo.

En suelo rústico es donde se pretendía acometer una reforma de profundidad para impedir la expansión de las viviendas en el campo. El objetivo era modificar las normativas urbanísticas existentes y limitar la construcción a un máximo de un 1% de la parcela mínima en caso de fincas de suelo rústico común que no estén dedicadas a la agricultura, cuando ahora pueden llegar al 2,5%.