Baleares supera a Cataluña en casos de discriminación lingüística

Entre el 4 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre 2021 la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos ha atendido 208 casos en los que se denunciaban situaciones que han considerado que implicaban la vulneración de derechos lingüísticos o bien para obtener información. De estos, el 80 por ciento se han iniciado a partir de las solicitudes formuladas por ciudadanos y el 20% restante se han puesto en marcha de oficio. Por su parte, la Oficina de Garanties Lingüístiques de Catalunya registró 126 casos en 2019 y la Oficina de Drets Lingüístics de Comunidad Valenciana, 87 casos en 2018.

Por ámbitos, el que ha generado más casos llegados a la Oficina es la Administración pública, con el 83%, la mayoría de los cuales afectan a organismos del sector público instrumental. En el ámbito privado se han registrado el 16% de los casos. La mayoría, un 82%, son reclamaciones, mientras que las sugerencias representan el 12% y las consultas el 6%.

La Oficina no ha detectado ningún caso de vulneración de derechos lingüísticos por el uso de la lengua castellana. Si bien ha recibido 16 reclamaciones o sugerencias referidas a este idioma, los hechos comunicados no constituían la vulneración de derechos lingüísticos, lo cual se ha explicado a las personas interesadas. Todos los casos de vulneración de derechos lingüísticos detectados por la Oficina, por lo tanto, están relacionados con el uso de la lengua catalana. La principal conclusión que se extrae es la existencia de un problema que afecta a los ciudadanos de Balears que quieren ejercer el derecho a usar la lengua propia del archipiélago: la carencia de seguridad lingüística que la sociedad les ofrece.

El secretario autonómico de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Miquel Àngel Sureda, enfatiza en el compromiso del Govern con los derechos lingüísticos y pone en valor la Oficina como «una herramienta más para favorecer la seguridad lingüística y para que los catalanoparlantes puedan expresarse siempre en su lengua de forma normal».

Por su parte, la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, detalla que «el trabajo de la Oficina ha servido para cambiar determinadas situaciones y difundir argumentario». Defior asegura que «los efectos se notarán a medio y largo plazo gracias a un trabajo de base para generar un clima de respeto a los derechos lingüísticos». 

La memoria pone el foco en la existencia de un problema que afecta, sobre todo, a los ciudadanos de las islas que quieren ejercer el derecho de utilizar la lengua catalana: la carencia de seguridad lingüística que se les ofrece y que se traduce en las dificultades con que topan para poder llevar a cabo muchas de las actividades de la vida cotidiana, con normalidad, en catalán. Además, manifiestan que se puede suponer que los casos que llegan a la Oficina solo reflejan una parte muy pequeña de la infinidad de situaciones en que el hablante se ve empujado a renunciar al uso de la lengua catalana a pesar de ser la lengua propia del territorio. 

«En una situación normal, los miembros de una comunidad lingüística pueden vivir una vida llena en su lengua cuando se encuentran en el espacio histórico de la propia comunidad. No es el caso de las personas que, en Balears, querrían poder emplear la lengua catalana, las cuales en muchas circunstancias no pueden hacerlo con normalidad», destacan.