El Tribunal Supremo respalda que la decisión del Govern, acordada en junio del año pasado, ordenando el confinamiento obligatorio de un grupo de estudiantes, tras descubrirse un brote masivo de contagios por covid, fue legal. Por tanto, el Alto Tribunal rechaza la interpretación que realizó la fiscalía de Baleares, que denunció que dicha decisión adoptada por la conselleria de Salud afectaba a los derechos fundamentales de los 170 estudiantes.

Cabe recordar que estos estudiantes se desplazaron a Mallorca para celebrar el fin de curso. Cuando varios de ellos regresaron a sus domicilios lo hicieron contagiados con covid, extendiendo el virus hacia sus familiares. Se supo que todos estos estudiantes habían coincidido en varios conciertos musicales, lo que había facilitado el contagio masivo.

Ante esta situación el Govern tomó una decisión drástica. Envió a la Policía a todos los hoteles donde se sabía que los estudiantes pernoctaban. Y se ordenó que estos adolescentes fueran trasladados al llamado hotel covid, en el Paseo Marítimo, para que pasaran allí el periodo de confinamiento.

Esta decisión fue fuertemente criticada sobre todo por los padres de los jóvenes, que denunciaban que Salud había confinado a los chicos sin demostrar que hubieran estado en algún momento en contacto con los otros estudiantes que habían extendido el virus hacia la Península.

Fueron los padres los que acudieron a los tribunales para denunciar que no se estaba respetando los derechos fundamentales de los estudiantes al obligarles a permanecer en un sitio encerrados, sin demostrarse previamente que estuvieran enfermos de covid, o que hubieran tenido algún tipo de contacto directo con algún contagiado.

Los padres contaron con el apoyo de la fiscalía que, en efecto, interpretaba que la decisión era ilegal, por cuanto no se detallaba la situación de cada uno de los chicos confinados en contra de su voluntad. Esta situación, a juicio de la fiscalía, representaba una violación de los derechos fundamentales.

La jueza que recibió la demanda dio la razón a los padres y a la fiscalía. En su resolución ordenaba la liberación inmediata de los jóvenes confinados. Solo autorizó que permanecieran en el hotel covid los estudiantes que se habían contagiado, para que cumplieran el periodo de confinamiento.

Además de esta demanda administrativa, los padres también presentaron una denuncia por detención ilegal contra la directora general de Salud, Maria Antònia Font, que fue quien dictó esta orden de confinamiento obligatorio de los estudiantes. Esta denuncia fue aceptada a trámite inicialmente por el juzgado, que incluso llegó a determinar la imputación de Font. Sin embargo, finalmente no llegó a declarar al archivarse la denuncia. Este archivo fue posteriormente confirmado por la Audiencia, que no aprecio ningún indicio de un posible delito de detención ilegal.

La conselleria de Salud no estuvo conforme con la decisión de la magistrada y presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El tribunal aceptó el recurso y revocó la primera decisión judicial. Los jueces interpretaron que la medida drástica que aplicó la Conselleria estaba justificada desde el punto de vista de salud pública, ya que se había demostrado que el virus se estaba extendiendo a la Península a través de los estudiantes que regresaban a su lugar de residencia. Esta decisión judicial no tenía ningún efecto práctico, más allá de darle la razón jurídica al Govern, dado que los estudiantes ya habían abandonado el hotel, incluso los que se habían quedado para cumplir el periodo de confinamiento al resultar infectados por el virus.

La fiscalía no dio por el caso y decidió recurrir la decisión judicial al Tribunal Supremo. El fiscal apuró el tiempo y no presentó el recurso hasta el último momento.

Sin embargo, dicho recurso ha sido ahora desestimado. El Alto Tribunal interpreta que la decisión de confinar a todos los estudiantes en un mismo lugar, para controlar el virus, respondía a un criterio sanitario y por tanto estaba más que justificada. Con esta última decisión judicial la polémica entorno a los estudiantes que extendieron el contagio queda resuelta de forma definitiva.